espacioseuropeos.com (6/12/2008)
Por su interés recogemos íntegramente la noticia publicada por WSRW (Western Sahara Resource Watch), referente a la polémica desatada con el el bufete de abogados Covington & Burling y esta asociación.
WSRW
En una extraordinaria muestra de arrogancia y desdén hacia los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el bufete de abogados Covington & Burling, con sede en Washington, rechaza terminantemente cualquier conversación con la red de solidaridad mundial WSRW (Western Sahara Resource Watch) y con Aminatou Haidar, galardonada este año con el premio Robert F. Kennedy Memorial Human Rights.
El bufete estadounidense es, a raíz de un análisis legal que elaboró, la fuente a la que la industria mundial del fosfato hace referencia cuando afirma que el comercio con fosfatos procedentes del Sahara Occidental es legal.
La empresa estatal marroquí, OCP, que explota ilegalmente los fosfatos del Sahara Occidental, es cliente de Covington & Burling. El análisis legal que dicho bufete elaboró para OCP, el cual, según opinión de WSRW, contiene un gran número de errores objetivos y cuyas conclusiones adolecen de graves defectos, es el que los importadores de fosfato de varios países utilizan como defensa de sus importaciones del país ocupado.
Tanto el importador belga BASF como el español FMC Foret hacen referencia al análisis legal de Covington & Burling, pero ninguno de ellos accede a revelar el informe. BASF ha pedido a WSRW que se ponga en contacto con Covington & Burling para cualquier aclaración. Sin embargo, las posibilidades de ayuda por su parte parecen, como mucho, escasas.
La semana pasada Aminatou Haidar, activista en favor de los derechos humanos del Sahara Occidental ocupado, recibió el prestigioso premio Robert F. Kennedy Memorial Human
Rights. Haidar ha pasado cuatro años encarcelada en prisiones marroquíes a causa de su activismo y ofrece en la actualidad una fuerte resistencia al saqueo del principal recurso natural de su país, los fosfatos, por parte de Marruecos.
Unos días antes de la ceremonia de entrega del premio, la organización WSRW envió al bufete de abogados de Washington Covington & Burlington la carta que se reproduce a continuación. La carta es una continuación de otra que WSRW envió a Bruce S. Wilson, socio de Covington & Burling, en febrero de 2008. Puesto que el bufete estadounidense se ha negado durante meses a responder por escrito a WSRW, la organización decidió solicitar una reunión para discutir el asunto.
Tras enviar la carta que se reproduce a continuación, Ronny Hansen, del Comité de apoyo noruego para el Sahara Occidental, llamó por teléfono a Bruce Wilson, de Covington & Burling. Hansen se encontraba en Washington en el momento de la ceremonia de entrega de premios a Haidar y solicitó una reunión.
«El Sr. Wilson sencillamente se negó de plano a mantener cualquier conversación o intercambio con nosotros. Afirmó sin ambages: ‘descarto completamente la posibilidad de dar respuesta a sus preguntas, tanto por escrito como de otro modo’». También afirmó: ‘No tengo libertad para revelarles quiénes son nuestros clientes o en calidad de qué. Y, de todos modos, si la tuviera, tampoco lo haría.’ Cuando se le señaló que su trabajo en nombre de OCP es de público conocimiento y aparece publicado en su propio sitio web, el Sr. Wilson contestó: «No estoy obligado a responderles. No tenemos en absoluto ningún compromiso con Vd. en relación con nada. Usted no es cliente mío y, que yo sepa, no tiene intereses en nuestra empresa.»; después, el Sr. Wilson le colgó el teléfono al Sr. Hansen.
«Cuando realizamos investigación y campañas contra los poderosos intereses ocultos que están detrás de la ocupación marroquí del Sahara Occidental, estamos acostumbrados a respuestas en lenguaje duro, pero pocas veces nos encontramos tal falta de educación y de voluntad para tratar con nosotros. La arrogancia y el grado de secretismo de Covington & Burling realmente los distingue y provoca todavía más nuestra curiosidad sobre sus actividades. Si las empresas importadoras tales como BASF y FMC Foret desean conservar alguna credibilidad, deberían ser ahora las que revelasen el análisis legal sobre el que basan su defensa», afirma Hansen.