Andrés Soliz Rada (17/1/2009)
El Prefecto de Tarija, Mario Cossío, en publicación pagada en «La Prensa» (08-01-09), sostiene que no ha bloqueado el Gasoducto Boliviana de Occidente (GABO) y que no ha estado vinculado directamente al «gonismo», engendro de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), como afirmé en mi columna de 04-01-09. Veamos qué es el «gonismo»: GSL, como Ministro de Planificación de Paz Estensoro (1985-1989), hizo nombrar a su hermano Contralor de la República, con quien explotó en su beneficio los yacimientos mineros más rentables del país.
En su primera presidencia (1993-1997), con el eufemismo de «capitalización», liquidó las empresas estratégicas del Estado. Las acciones de las «capitalizadas», de propiedad de los bolivianos, comenzaron a venderse en el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). GSL, con el DS 24.806 de 04-07-97, entregó las reservas presentes y futras de gas y petróleo a las compañías. Llevó al borde las negociaciones de venta de gas a Chile y California, lo que cerraba para siempre la posibilidad de añadir valor agregado a nuestro gas. Consumó la venta de gas al Brasil sin una planta separadora de líquidos, lo que implicó una descomunal estafa. Entregó a una empresa chilena los ferrocarriles del Occidente del país, cuyos rieles desaparecieron.
Cossío no se opuso a esta política, razón por la que fue invitado por GSL, no por el MNR, a ser candidato a diputado el año 2002, ya que el MNR se había convertido en feudo de GSL. Cossío propició un impuesto adicional del 32 % a los hidrocarburos (Ley 3058 de 17-05-05). Desde entonces, los ingresos impositivos del país ascendieron del 18 al 50 %. Lo que no dice es que ese incremento fue íntegramente destinado a las regiones, de manera que YPFB se mantuvo sin recursos. Proyectó la Ley Tarija, de 30-05-05, por la que se otorga a su Prefectura la aberrante facultad de negociar convenios internacionales. Su línea «gonista» es evidente.
Cossío, al referirse a la nacionalización de 01-05.06, no advierte que las auditorias a las empresas, ordenadas en esa norma, garantizaban el incremento de la tributación en los mega campos al 82 % (este segundo 32 % destinado a potenciar YPFB) y el control accionario de las «capitalizadas». El gobierno actual aun oculta las auditorias. La nacionalización dispuso el control mayoritario de las «capitalizadas». Este punto se cumplió dos años más tarde con notable ineficiencia. Mi gestión ministerial duró 7 meses y 15 días. En ese lapso, Cossío no designó al representante de Tarija al directorio de YPFB, autoridad máxima de la política petrolera del país.
El Prefecto indica que no es adversario del GABO. Enhorabuena, ya que de esta obra depende el cambio de matriz energética y la viabilidad de Bolivia. Tal afirmación no coincide con la política disgregadora del «gonismo» a la que se sumó el MAS, al plantear el reconocimiento constitucional a 36 naciones indígenas, las que pretenderán cobrar impuestos por el agua y los gasoductos que crucen sus «territorios», lo que significará una especie de retorno al «medio-Evo», que fracturará al país y provocará enfrentamientos fratricidas.
El gonismo y el MAS privilegian el rentismo. La Renta Dignidad vigente es una prolongación del Bono Sol de GSL. El «gonismo» y la separatista «Media Luna», con Cossío como portavoz, exigen que los bonos sean pagados con las utilidades de las empresas estatales. GSL y el MAS depositan en Bancos extranjeros las reservas monetarias. GSL es socio de trasnacionales mineras en Chile. De ahí su interés de vender gas natural a ese país. El MAS dice que hará lo mismo. José Miguel Insulza, el perverso cerebro de la geopolítica chilena, hoy en la OEA, aconsejó a los bolivianos apoyar la Constitución de Oruro, aún más indigenista que la que será consultada el 25 de enero próximo. ¿Evo no advierte que un país astillado no puede defenderse frente a los centros mundiales de poder?