Andrés Soliz Rada (10/5/2009)
Será difícil encontrar un político como el vicepresidente Álvaro García Linera (AGL) capaz de usar la palabra Patria con tanta incontinencia como ocurrió en su repudió al arribo de terroristas europeos, que buscaban el separatismo de Santa Cruz (ver periódicos del 23-04-09). Estas algunas de sus frases: «La Patria está en peligro y es deber de todos los bolivianos, cualquiera sea el lugar de su nacimiento, idioma o apellido, rechazar el brutal intento de afectar la unidad de la Patria «. «Atacar a la Patria es más abominable que atentar contra la familia o desconocer el apellido». «Es un alevoso crimen intentar fracturar esta Patria que hemos heredado de nuestros antepasados y que heredaremos a nuestros hijos». «Seremos inclementes con quienes pretenden dividir la Patria».
Lo curioso es que AGL hizo suyas estas expresiones del líder aymara Felipe Quispe, en 1990: «Jamás nos hemos fundido en ese crisol de la bolivianidad. Seguiremos manteniendo nuestra identidad histórica». El 2001, al comentar los bloqueos de caminos organizados por Quispe, mediante la Confederación de Campesinos, dijo que esta entidad «está permitiendo la formación de una identidad nacional indígena, separada de la boliviana».
En su libro «La Potencia Plebeya» (2008), patrocinado por PETROBRAS, alaba a Quispe por haber tratado a los mestizos de «inquilinos», «asesinos» y «carniceros», luego de calificarlos de «caballeros extra continentales». Advierte que las nuevas identidades colectivas se forman en contra de otras identidades, razón por la que el indianismo se forma en contra de la Bolivia mestiza y colonial, cuando lo correcto es, en nuestra opinión, fortalecer la identidad boliviana, con aportes crecientes de las culturas indígenas.
AGL si bien adecuó sus criterios al momento político, su sello indigenista está presente en el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobado en Oruro, el 10-XII-07, en el que no se incluyó el concepto de Nación Boliviana ni la palabra República. El MAS aceptó incorporarlos después que la oposición admitió que Evo Morales pudiera ser candidato a la reelección.
Al reconocer el mismo estatus constitucional a las autonomías indígena, regional, municipal y departamental, sin precisar sus límites, la NCPE ha dejado a Bolivia en estado agónico. Su texto sostiene que una ley de «deslinde jurisdiccional» separará las 36 justicias comunitarias indígenas de la justicia ordinaria, lo que generará un caos incontenible. La mitad de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema representarán a pueblos indígenas. Esa cuota no alcanzará para las 
36 naciones, con lo que la denunciada exclusión étnica seguirá vigente.
El manejo de recursos naturales entre las diferentes autonomías está pendiente y no se avizora solución alguna. Como muestra del caos, al aprobarse la delimitación de jurisdicciones indígenas para elegirse parlamentarios en diciembre próximo, se establecieron circunscripciones para los pueblos Murato y Chipaya, los que no están reconocidos en la NCPE.
La raíz del problema es que ni el indigenismo de AGL, apoyado por ONG, ni la «Nación Camba», de los separatistas cruceños, respaldada por transnacionales, aceptan que la contradicción fundamental en Bolivia opera entre el imperialismo y la nación oprimida. Tal opresión será aún mayor en tanto el indigenismo sostenga que su enemigo principal son los mestizos y mientras se diga a los cambas (habitantes del oriente boliviano) que su enemigo principal son los collas (pobladores del occidente) y viceversa. Ambas posiciones impiden enfrentar al imperialismo y sus agentes con la unidad indo-mestiza de todas las regiones, que es la única posición correcta en nuestra semicolonia.