espacioseuropeos.com (27/2/2010)
El Consejo de Ministros celebrado ayer acordó traspasar a la Generalitat de Cataluña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como «una ampliación de medios en materia de Administración de Justicia».
De esta forma -afirma el texto de Presidencia del Gobierno-, Cataluña se convierte «en la primera Comunidad Autónoma que recibe este traspaso, vinculado al desarrollo de su nuevo Estatuto de Autonomía». Este acuerdo supone para las arcas del Estado un coste de 11,9 millones de euros, además del traspaso a la Generalitat de Cataluña de 249 puestos de trabajo: «93 del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; 55 del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social; 89 funcionarios y 12 laborales».
Las nuevas funciones de la Generalitat comenzarán el 1 de marzo de este año, Estas funciones son, entre otras, las de vigilar el «cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos. También la asistencia técnica a empresas y trabajadores, a órganos de las Administraciones públicas sobre la aplicación de normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas; la emisión de los informes que le soliciten los órganos judiciales; así como el arbitraje, la conciliación y la mediación en conflictos laborales en que se le solicite».
Asimismo, el Gobierno también acordó «una ampliación de medios en materia de Administración de Justicia, con los que se financiará la creación de veinte nuevos órganos jurisdiccionales durante la programación correspondiente a 2009». Esta medida tiene un coste efectivo de «1,55 millones de euros y la entrega, por una sola vez, de 6,54 millones».
Pasito a pasito, aunque con prisas en este caso, el Estado se desgaja.