Simiescus (20/3/2010)
Hace unos días, varias ONGs habían pedido acometer las reformas que aconseja la ONU en Guinea Ecuatorial. El grupo de Organizaciones No Gubernamentales y de colectivos de abogados defensores de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial reclamó su participación en la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 86 de las cuales son aceptadas por Malabo, según una noticia remitida por la agencia de noticias EFE.
Entre estas ONGs aparece Human Rights Watch (que se ha columpiado olímpicamente defendiendo al juez Baltasar Garzón, tratando así de influir en la decisión de los truibunales), Open Society Justice Iniciative, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Centro de Estudio e Iniciativas para el Desarrollo, Abogacía por un Desarrollo Durable y EG Justice, coincidieron en que «sin esa participación las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU -que asume el Gobierno de Malabo- caerán en saco roto».
En consecuencia, los integrantes del Consejo sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras valorar positivamente el compromiso del Gobierno de Obiang Nguema, a la hora de asimilar las recomendaciones de la ONG para desarrollar «las libertades y derechos esenciales en el país africano», instan a Malabo a que «adopte las medidas pertinentes que se recomiendan en el informe y que subsane lo antes posible las deficiencias que se siguen observando en el ámbito humanitario».
Un fuerte olor a contubernio -consenso se dice ahora- nos produce esta noticia. ¿Acaso la ONU no tiene capacidad para presionar a un país -en este caso Guinea Ecuatorial- para que deje de ser una dictadura? Nosotros, en nuestra comunidad, lo resolvemos ipso facto. Todo aquel que altera o transgrede las normas de convivencia es condenado a abandonar nuestra comunidad; ni le encerramos ni nada. Le obligamos a abandonar el grupo y sin que se lleve sus pertenencias, no como hacen los españoles que nunca obligan a devolver lo robado a los delincuentes. Ahí está el ejemplo de Luís Roldán, que sólo ha cumplido diez años de cárcel y cinco de sólo dormitar por las noches, de los 31 a que fue condenado. Y de las mansiones en París y de los más de 10 millones de euros, si te he visto no me acuerdo.
Así que las ONGs que se dejen d
e rollos, que actúe la Justicia. Que se investigue el blanqueo de dinero de Obiang a través de la empresa Kalunga S.A., y del Banco Santander; que el juez ese, Garzón, desempolve las denuncias -bien argumentadas- que se hicieron acusando al dictador guineano de narcotráfico y otros delitos.; que se investiguen los miles de millones que a través del Estado español le han llegado al sátrapa… y que se dejen de notas de prensa de acá para allá.
Si de verdad quieren que en Guinea Ecuatorial se apliquen las mejoras de ese «panel» de los derechos Humanos de la ONU, que obliguen a las petroleras a hacer públicos los contratos del petróleo, que se hagan públicas las cuentas bancarias de Obiang Nguema y su familia, que permitan que todos los líderes políticos puedan volver a su país y que, en menos de tres meses se convoquen elecciones presidenciales, como primer paso.
De momento, yo me he puesto en contacto con mis paisanos en monte Alen para que comiencen ya, de inmediato, a pelear a fondo por las libertades y el reparto de plátanos.
¡Leña al dictador hasta que se rompa la cadena o aprenda inglés!