España/Colombia
espacioseuropeos.com (22/12/2010)alvaro-uribe
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha admitido a trámite una querella presentada por refugiados colombianos contra el ex presidente Álvaro Uribe y dos ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por actos de espionaje en España que «incluiría seguimientos y violación de las comunicaciones en ONG consideradas opositoras por el Ejecutivo de Uribe«, según informa  Justicia por Colombia.

El ex presidente colombiano se enfrenta a una pena mínima de tres años de cárcel por escuchas y vigilancia ilegal a ONG españolas, informa la misma fuente.

Para mañana jueves, 23 de diciembre, a las 11h en la puerta de la Embajada de Colombia en Madrid,  delegados de la Plataforma Justicia por Colombia harán pública ante los medios de comunicación una carta dirigida al embajador colombiano, en la que manifiestan «su preocupación por las actividades ilegales desarrolladas en territorio español contra diversas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia». Los convocantes de la rueda de prensa, manifiestan que esos actos ilícitos fueron llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS (servicio de inteligencia colombiano).

Este mismo documento será entregado simultáneamente en las diferentes oficinas consulares de Colombia radicadas en territorio español (Valencia, Sevilla, Mérida, Bilbao, Islas Baleares, Barcelona, las Palmas de Gran Canaria).

En la rueda de prensa también se dará información sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta contra Álvaro Uribe el pasado 28 de octubre de 2010 en la que los hechos denunciados hacen referencia a «operaciones practicadas por los agentes del DAS consistentes en grabación de conversaciones telefónicas, interceptación de correos y vigilancia de actividades de solidaridad con Colombia con el objetivo de desprestigiar el trabajo de instituciones europeas y ONGS que cuestionaban la política del gobierno colombiano».