España
espacioseuropeos.com (25/1/2011)
Nos llegan quejas de algunos lectores sorprendidos por el tratamiento dado a quienes cobran pensión de jubilación en el límite máximo establecido para ciudadanos de a pié, que no para políticos privilegiados.
Cuando ha llegado el momento de que los pensionistas perciban el importe de la desviación producida, por haberse superado el índice de precios al consumo, en el recuento del pasado noviembre, la revalorización prevista para 2010, del 1%, quedan descartados los perceptores de esas pensiones denominadas «máximas» y que, al menos en ciertos casos, fueron alcanzadas por muchos años de trabajo (más de 45) y por haber retrasado la jubilación varias anualidades por encima de la fecha en que se cumplieron los 65 años.
Mal asunto cuando se dice pretender el retraso de la edad de jubilación primándolo con el aliciente de un incremento. La realidad es que esto funciona de manera decepciónate para los afectados: el retraso creciente de la jubilación lleva a una percepción menguante, máxime si, como viene ocurriendo, suben los porcentajes impositivos que viene aplicando el Fisco. Así hay quien lleva años sucesivos con menores cantidades en la pensión neta, que es la que verdaderamente se cobra.
La igualdad ante la ley ya no resulta creíble. ¿Cómo prejubilaron obligatoriamente a miles de trabajadores de TVE, por ser cincuentones, y ponen al frente de esa corporación a un político de 83 años? Y Pascual Sala en el Tribunal Constitucional, de presidente con 75 años. Y María Teresa Fernández de la Vega, la hija del antifranquista más fiel a Franco, con un futuro blindado como consejera de Estado, tras haber votado fraudulentamente en Beneixida (Valencia).
¿Y por qué los médicos jubilados pueden compartir su pensión de jubilación con la continuación en su consulta privada y otros profesionales tienen vetado cualquier trabajo remunerado después de jubilarse?
Las preguntas, las críticas y las protestas se convierten en un auténtico clamor.