España
espacioseuropeos.com (29/4/2011)
El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, el presidente del Comité de Administraciones Territoriales, José María Alonso, y la directora del Departamento de Economía, María Jesús Valdemoros, han presentado el documento «Administraciones Territoriales: Propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado» elaborado por el citado Comité. En él se sugieren una serie de reformas inaplazables para alcanzar la necesaria eficiencia en el funcionamiento de estas Administraciones.
El documento plantea que la calidad de la organización y gestión de las Administraciones Territoriales influye decisivamente en la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social añadiendo que «en nuestro caso, los desajustes y las ineficiencias del modelo autonómico y local están planteando enormes dificultades para la economía española». Se trata, precisa, de problemas que «pueden y deben solucionarse».
El documento, que defiende una reducción del tamaño del sector público, considera que «la reforma de las Administraciones Territoriales ha de ir necesariamente en la dirección de la austeridad, de la búsqueda de la eficiencia y de una mayor transparencia».
Las propuestas del Círculo se orientan en tres direcciones. En primer lugar, corregir la laxitud presupuestaria con que funcionan algunas administraciones territoriales. Son necesarios mecanismos disciplinadores del gasto, y de la deuda (techo de gasto; evaluación de las políticas y resultados del gasto; reglas claras para las transferencias interadministrativas; suficiencia y corresponsabilidad fiscal).
En segundo lugar, definición del mapa competencial, replanteándose al mismo tiempo el mantenimiento de determinados niveles de la Administración (diputaciones e instituciones insulares equivalentes) cuyas competencias han quedado diluidas por el avance de las autonomías y los grandes municipios, y, además, estudiar la conveniencia de reducir el número de ayuntamientos. En tercer lugar se proponen medidas para la mejora del marco regulador inspiradas en tres principios: calidad regulatoria, respeto a la seguridad jurídica y defensa de la unidad de mercado.