España
Alejandra Durrell (14/6/2011)tribunal-constitucional
Ayer por la tarde, todos los medios de comunicación españoles estuvieron a punto del infarto. El motivo, que tres ilustres y bien pagados miembros del Tribunal Constitucional enviaron una carta al presidente del citado tribunal notificándole su dimisión. Eugenio Gay, vicepresidente, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera  son los autores, a la vez, aunque alegan distintos motivos, de esa dimisión.

El presidente del TC, Pascual Sala, no ha aceptado esas renuncias, entre otras cosas porque -se alega- hubiera dejado al alto tribunal sin el quorum mínimo para seguir tomando decisiones, aunque éstas sean legalizar a Bildu. Los tres magistrados dimiten en protesta por la no renovación de los miembros del TC.

La negativa del presidente del TC, de aceptar esas dimisiones se debe al elevado número de asuntos que están pendientes de resolver, entre los que se encuentran el recurso de Sortu contra la prohibición de su inscripción como partido político y los recursos contra el matrimonio homosexual, la ley del aborto y la llamada «doctrina Parot», entre otros.

Al parecer, eso alegan los autores de las cartas de dimisión, el motivo de su renuncia a continuar en el TC es la ausencia de renovación de los miembros del TC y la paralización en el Congreso de los Diputados de las conversaciones políticas para renovar las plazas, han sido las razones alegadas para justificar esa decisión.

Pero lo cierto es que, a mí al menos me lo parece, es que los argumentos de esas dimisiones no parecen ser los verdaderos. Me da, que detrás de esas decisiones está la marea de Bildu y lo que puede derivarse del control de decenas de ayuntamientos y alguna diputación, en el País Vasco, sin olvidar la otra marea, la del triunfo del PP en estas pasadas elecciones.

Yo, soy partidaria, aprovechando la coyuntura, de que hay que disolver ese magno tribunal. ¿A qué tanto tribunal?  Sobre todo después de que el PSOE, en concreto la taimada mano de Alfonso Guerra -ahora preside la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados- terminara con la escasa independencia de la Justicia, politizándola hasta extremos inimaginables. Por supuesto, con la ayuda, colaboración y estado de ánimo del PP.

Pero, antes de que se vayan a su casita, Gay, Delgado y Pérez Vera -por cierto con unas condiciones nada despreciables-, me encantaría, me gustaría, que el vicepresidente del TC, Eugenio Gay, nos aclarase a qué fue a Guinea Ecuatorial en el año 2001 cuando era presidente del Consejo General de la Abogacía. Por aquel entonces se dijo que deseaban apoyar la  «mejora de la situación del derecho de defensa y de los derechos humanos en la zona».

Mientras la clase política se enzarza  en peleas por el nombramiento de magistrados en el TC -cotas de poder a fin de cuentas-, el sufrido pueblo español  trata de buscar soluciones a sus muchos problemas.