España
Diego Camacho López- Escobar (20/9/2011)
La amenaza de los procesados, en el caso del Bar Faisán, con «tirar de la manta» si su proceso sigue en la Audiencia Nacional ya ha dejado con el culo al aire al nuevo «líder» socialista y a su sucesor como ministro del Interior Antonio Camacho, pues, independientemente, de la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal, estos funcionarios parecen tener argumentos sólidos para inculpar a sus jefes directos. Sólo así se explican las condecoraciones y ascensos concedidos a los encartados o los esfuerzos realizados por Garzón y la Fiscalía en archivar el caso. La responsabilidad política es clara, los magistrados sólo pueden liberar del banquillo a los responsables; pero a costa de su propia credibilidad como jueces.
Este chantaje del funcionario consentidor hacia el político que se sale de la ley tuvo un antecedente. Durante el juicio del 23-F, en una de sus sesiones, el fiscal acorralaba al comandante José Luís Cortina y el Presidente de la Sala hizo un receso para almorzar.
El comandante se dirigió al teléfono y le dijo a su interlocutor: «como siga este tío así, saco a relucir lo de Carrero«.
Estos funcionarios saben que las órdenes delictivas no deben obedecerse. Claro, que es más productivo hacerse cómplice del jefe que delinque, sobre todo si nos asegura la impunidad administrativa y judicial. La grandeza en el servicio al Estado reside precisamente en servir los intereses generales, no a los de una persona o partido. La «obediencia debida» es algo que tiene que quedar atrás y es la principal tarea que tienen por delante sindicatos, asociaciones o corporaciones de funcionarios si realmente quieren que el Estado funcione.
Los jueces no se están manchando las togas con el polvo del camino, como decía Conde Pumpido, sino que están chapoteando en el fango de la arbitrariedad. Para empezar, Gómez Bermúdez y los magistrados que han aceptado condecoraciones pensionadas del ministerio de Interior, no parece que posean la neutralidad necesaria. Nuestra maltrecha democracia está pervertida en su naturaleza, desde el momento en el que el poder judicial funciona como una sucursal de los intereses del partido gobernante.
El chivatazo a la banda terrorista culmina una serie de despropósitos del gobierno socialista que han permitido a estos apoderarse de un gran número de alcaldías del país vasco y reforzarse política y económicamente. ZP y sus muchachos han perdido toda la legitimidad para seguir gobernando y algunos de esos muchachos/as no deben en adelante ocupar ningún cargo público en España, puesto que no creen en ella y sólo aspiran a seguirse forrando a nuestra costa. Es como si a alguien que aspirara a destruir nuestra casa le pagáramos un salario. Lo verdaderamente patético es que ni Rubalcaba ni ZP, los pongo así por su nivel de importancia actual, parecen darse cuenta que están en manos de ETA.
N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).