España
espacioseuropeos.com (7/12/2011)
Las prisas por contratar sin esperar a los resultados de las elecciones del 20-N, nos siguen aportando más sorpresas. Por ejemplo, que en el Consejo de Ministros celebrado el día 18 de noviembre -dos días antes de celebrarse las elecciones- se autorizó la contratación del «servicio de mantenimiento de los despliegues fijos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y de las unidades móviles de éste para garantizar la cobertura de la frontera Sur de la Unión Europea contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico».
La vigencia del mencionado contrato es de tres años (des de el 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2015), con un presupuesto de 24.949.006 de euros.
La implantación del Proyecto SIVE, de la empresa AMPER, que viene realizando el Ministerio del Interior desde el año 2000, tiene por finalidad «garantizar la cobertura de la frontera sur de la Unión Europea, incluidas las Islas Canarias, mediante el establecimiento de un sistema operativo con tecnología avanzada, al objeto de luchar contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico», según la referencia ministerial de ese consejo de ministros.
Según la misma fuente, el SIVE permite la «vigilancia del litoral de la costa española, aportando en tiempo real información a los centros de dirección y posibilitando la transmisión de las órdenes necesarias para la interceptación y el control inmediato de cualquier elemento susceptible de entrar ilegalmente en el territorio español, así como para prestar ayuda humanitaria a los ocupantes de las embarcaciones detectadas».
El expediente de contratación se tramitará, como es habitual en este tipo de expedientes -afirma la referencia del Consejo de Ministros- «mediante el procedimiento negociado sin publicidad, debido a que su ejecución debe efectuarse bajo medidas de sigilo y seguridad especiales (el adjudicatario deberá conocer datos sensibles sobre las características de los sistemas de vigilancia del litoral), que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado».
Lo cierto, es que el ministro de Interior Antonio Camacho, debería haber esperado, por ética y por estética, al resultado de las elecciones generales del 20-N y que fuera su sucesor el que procediera a firmar ese suculento contrato.
Por otro lado, mucha tecnología, excesivo gasto y resultados nada gratificantes, a tenor de los datos que tenemos sobre el asentamiento de mafias internacionales, tráfico de drogas, armas y seres humanos, inmigración ilegal, prostitución, etc., etc.