España
espacioseuropeos.com (31/7/2012)
El Gobierno de España sube las tasas judiciales e impone nuevas, pero para camuflarlo recurre a subterfugios como este: «la recaudación de la tasas se vinculará a la justicia gratuita y los ingresos anuales por este concepto ascenderán a 306 millones de euros». El Consejo de Ministros celebrado el viernes día 27 de este mes, acordó «regular» determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Con la implantación de esta nueva ley -el proyecto se ha remitido a las Cortes- el gobierno «persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar».
La recaudación que se obtendrá con la aplicación de las nuevas tasas se dedicará -eso dice el Gobierno- para financiar el sistema de justicia gratuita, «lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva». Los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales los ha calculado Justicia en 306 millones de euros, «frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto».
Justicia recurre a una sentencia del Constitucional para justificar las subidas: «La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia».
Asimismo, la referencia del Consejo de Ministros afirma que «las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza», olvidando que el presupuesto de Justicia, como el resto de los ministerios, se elabora en base a la recaudación obtenida por el Estado. Además, por otro lado, con esta subida de tasas judiciales, el acceso a la Justicia se limita para las clases menos adineradas.
El Gobierno de España acude como siempre a decir que así quedamos homologados a los países europeos, pero eso sí se olvidan de «homologarnos» en salarios y derechos sociales.
El Proyecto de Ley regula, asimismo, la «nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados, que permitirá mejorar el funcionamiento del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense». Esa tasa la tendrán que pag
ar las empresas fabricantes y comercializadoras de sustancias y mezclas químicas que tengan efecto sobre la salud humana.
En roman paladino, los de arriba, los del Poder, no tendrán problema, pues cuentan con medios suficientes para pleitear, recurrir, denunciar y demandar; los de abajo, se las van a ver y desear para plantear acciones judiciales.
Otro apretón de tuerca que recorta los derechos democráticos de los ciudadanos.