España/Europa
Josep Jover (17/7/2017)
El pasado día 12 de julio el equipo de defensa del exteniente Luis Gonzalo Segura, se desplazó al Parlamento Europeo para poder explicar a los Eurodiputados y sus equipos la problemática surgida en España con la estigmatización de los denunciantes de corrupción, y muy especialmente cuando éstos son funcionarios públicos.
Los letrados que intervinieron fueron Verónica Luque, abogada de Bilbao (libertad de expresión), Carlota Jover, y el que suscribe, letrada de Madrid (anticorrupción) y Josep Jover, abogado de Barcelona y coordinador del equipo jurídico de defensa del exteniente Luis Segura, quien también participó extensamente.
Primera taza
Antes de las 10.00 horas ya se tuvo una primera reunión con el equipo de los eurodiputados Lola Sánchez y Javier Couso a la que sucedió inmediatamente una rueda de prensa.
Más interesante fueron las reuniones posteriores con hasta cinco eurodiputados de tres grupos parlamentarios europeos en la que se presentó al equipo de juristas y presentes el borrador final del documento sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos (2016/2224 (INI)). Se acompaña el documento en PDF.
En la reunión tomaron la palabra, además, María Trinidad Aparisi y Roberto Macías de Plataforma x la Honestidad, Bruno Ezequiel de la Fundación Baltasar Garzón, Pablo Arnaldos de Hay Derecho, Verónika S. Gertrud de Blue Print for Free Speech, María E. de la Cruz de ACEMYR & ANEMOI, y Ángel Bahamontes de la ANTPJI.
Debido al interés suscitado por la problemática del exteniente Luis Gonzalo Segura, tachada sin ambajes, de «anormalidad jurídica» se decidió que el equipo de defensa presente, realizara las modificaciones correspondientes en el documento de medidas antes de su cierre, cosa que ya ha realizado.
Segunda taza
Los presentes fueron informados en tiempo real de que la Comisión Europea procedía a demandar a ESPAÑA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer la normativa de la UE sobre los denunciantes de infracciones.
En 2015, la Comisión aprobó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación a las autoridades competentes de posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento sobre abuso de mercado, Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado por parte de empresas e instituciones públicas y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.
Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, España hizo oídos sordos.
La sanción para España podría superar los 50.000.000 de Euros.
Tercera taza
Se nos informó del seguimiento que el Euro-parlamento está haciendo de la DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, donde existe un artículo (art. 5) donde se reseña que la empresa o institución no puede valerse del argumento de ser un secreto comercial y amenazar al empleado, funcionario o colaborador de violación de secreto cuando éste es sujeto de una mala praxis.
Evidentemente afecta a toda la I+D+I en la que intervienen las administraciones públicas, Ministerio de Defensa incluidos. De nuevo España no ha traspuesto esa directiva.
Acabó la jornada con una reunión con el europarlamentario Stelios KOULOGLOU y otra con el equipo de Kostas CHRYSOGONOS quienes propusieron crear una mesa de seguimiento junto con los asistentes, para incidir en el interés de la Comisión sobre la corrupción en España y cómo ésta protege sus denunciantes.
N. de la R:
Del extenso currículum vitae de Josep Jover, extraemos que es abogado de reconocido prestigio, profesor y director del Bbufet Estudis Jurídics.
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