Portugal, recortar pensiones y esconder la mano

António Costa, Primer Ministro de Portugal.

Internacional
Francisco Louça (3/10/2022)
Las campanas de alarma habrán sonado en la oficina del primer ministro poco después de la presentación de su ansiado programa de respuesta a la inflación. El título «Las familias primero» sugería seducción electoral, medidas que se multiplicaban en una lluvia de millones, y el programa debía servir para tranquilizar a la gente y contener los efectos más graves de la escalada de precios. Pero la respuesta fue inquietante para el Gobierno: la idea de que se trataba de un “truco” se instaló rápidamente, tanto en el impacto de la bajada del IVA, que finalmente se aplicó a una ínfima parte de la factura energética, como, sobre todo, en el cálculo que engaña a quien recibe una pensión, ahora ofreciendo un regalo y luego reduciendo estructuralmente el valor en los siguientes ajustes.

Correr tras el daño
En modo de alarma y control de daños, el Gobierno encomendó a la líder parlamentaria a atacar a los críticos, ordenó a la ministra de Asuntos Parlamentarios que convocara a la troika, y prudentemente sacó de circulación a la ministra de Seguridad Social (solo este miércoles fue obligada a comparecer en el Parlamento ) y lanzó al ministro de finanzas y al propio primer ministro a realizar entrevistas en profundidad para calmar la presión. Se hizo mucho, e incluso se benefició del hecho comunicacional más destacable del siglo, la muerte de la reina de Inglaterra en directo por televisión durante 10 días sin descanso, pero se confundió todo y, de hecho, todavía no ha calado una explicación unificada sobre el futuro de las pensiones. Ni se puede.

No es poca cosa, como muchos han observado, dado el peso social de los pensionistas y, de paso, dada la sensibilidad social del asunto: las pensiones son muy bajas, el pago medio de la pensión de vejez en la Seguridad Social debería rondar los 490 euros, con más de un millón de personas por debajo de esa cifra, y para estas personas la inflación es superior a la media mundial de la economía, sabiendo que la energía y especialmente los alimentos, los motores de la inflación, tienen un peso añadido en sus gastos. Por motivos electorales, dado que debe la mayoría absoluta a estos votos que piden seguridad y tranquilidad, el Gobierno teme esta visibilización de empobrecimiento y buscó corregir la percepción de que es un truco. Incluso usó otro truco, este tenebroso, que es decirle a la gente que es el “mayor aumento” de las últimas décadas, esperando que no se den cuenta que se trata de un valor nominal y que el valor real se reduce en el conjunto de 2022 y 2023.

Pobre ahora, más pobre después
El primer ministro convocó a sus tropas para paliar el efecto de esta polémica, pero no evitó que chocaran dos discursos: el primero es que, como se puede ver, el Gobierno corregirá la cantidad a finales de 2023, para que se cumpla la ley, y todo siga en paz; la segunda es que es necesario cambiar la ley y, por tanto, suprimir la garantía de que las pensiones mantendrán su poder adquisitivo real. Como era de esperar, nada más pasar Costa a esta segunda línea, hubo generosos elogios de la derecha y sus ideólogos de los más variados matices vinieron a saludar esta estrategia, la llamada “sostenibilidad”, que consiste simplemente en imponer en la ley la reducción de las pensiones a partir de 2024 en términos reales.

Hay que añadir que, en 2022, se está reduciendo efectivamente el poder adquisitivo de las pensiones: si la inflación llega al 8% o al 9% y las subidas fueron del 1%, 10 euros o menos para pensiones superiores a 886 euros, todas estas pensiones se recortarán a lo largo de este año. Lo que la ley preveía era que esa pérdida se frenaría el 1 de enero, con la actualización del 8% -que el Gobierno se compromete a realizar en dos fases-, con la consecuencia de que en el año siguiente el efecto de la corrección pensional se computa a partir de valores más bajos. Es decir, la pensión pierde en 2022 en términos reales, perderá con la inflación de 2023 y perderá más en el futuro. Ahora bien, cómo será la nueva ley, eso es lo que el Gobierno quiere posponer, dado que el día que se presente se harán las cuentas del empobrecimiento que impondrá el PS.

Francisco Louça

Aplauda su propio empobrecimiento
La afirmación de que la ley debe cambiarse ya que no fue diseñada para períodos de inflación es siniestra. Lo que la ley establecía era la protección del valor real de las pensiones en función de la inflación y repartiendo una pequeña parte del crecimiento del PIB. Si se va a cambiar porque el Gobierno quiere cancelar esa garantía, debió ser leal a la población y explicar que la ley garantizaría las pensiones contra la inflación solo cuando no hubiera inflación y que se cambiaría para reducir las pensiones tan pronto como fuera posible aprovechar la inflación para reducir ese gasto. Es comprensible el entusiasmo de la derecha con semejante “reforma estructural”, pero fue al PS al que votaron los jubilados, creyendo que la ley estaba para cumplirse.

Peor aún, el Gobierno pide a los jubilados que aplaudan su propio empobrecimiento, diciéndoles que la sostenibilidad, que debe ser asegurada por un abanico de fuentes de financiación, solo puede apelar a sus bolsillos. Al fin y al cabo, precisamente para eso sirve la mayoría absoluta: si es cuestionada, impone su ley, aunque sea cambiando la ley.

Fuente: Sin Permiso.

N. de la R:
Francisco Louça es político y economista portugués, ex miembro del Consejo de Estado de Portugal y líder del bloque de izquierdas.





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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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