Sáhara Occidental
Espacios Europeos (6/10/2025)
Está previsto que hoy, 6 de octubre, llegue a Nueva York la delegación del CNASPS (Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui). La delegación está encabezada por el presidente de la CNASPS, Saïd Ayachi.
Esa visita se hace con motivo de la 80.ª Asamblea General de Naciones Unidas para presentar una petición ante los miembros de la Comisión de Asuntos Políticos Especiales y Descolonización (Cuarta Comisión) sobre el conflicto del Sáhara Occidental.
«Los militantes argelinos abogarán por la organización efectiva y rápida del referéndum de autodeterminación en beneficio del pueblo saharaui, tal y como recomienda y reconoce el derecho internacional, y tal y como ha declarado repetidamente el Consejo de Seguridad» de la ONU, señala el comunicado que recoge Argelia Press Service.
La delegación argelina «denunciará la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental por parte del régimen marroquí, su salvaje empresa colonialista, sus violaciones flagrantes y repetidas de los derechos humanos contra los civiles saharauis pacíficos, el expolio ilícito y escandaloso de los recursos naturales saharauis y la degradada situación de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes».
El Comité Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha acompañado la causa saharaui en muchos foros y reuniones. Su constante presencia en la ONU demuestra la solidaridad y el firme apoyo de la nación hermana de Argelia al pueblo saharaui en su luchr la autodeterminación.
Argelia mantiene que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo -colonial, y que la potencia administradora es España-, según el Derecho Internacional, y que está pendiente de descolonizar. El SO es un territorio pendiente de descolonizar y sus habitantes tienen derecho a la autodeterminación y la independencia.
Para Argelia la autonomía dentro de la soberanía marroquí es un “un mito” pues contraviene los principios de la descolonización.
Para Argelia es la ONU la que debe asumir sus responsabilidades jurídicas y morales, manteniendo el principio de que cualquier solución que se pretenda al margen del Derecho Internacional y Carta de Naciones Unidas, está condenada al fracaso.
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