Internacional
Alberto Fernández-Veiga (19/9/2026)
¿Quién controla la industria armamentística española? Una comparativa con Francia.
Cuando se habla de la industria española de defensa surge la pregunta: ¿quién controla realmente las grandes empresas estratégicas?
El caso de Indra permite responderla mirando no solo al Estado, sino también a las familias empresarias, los fondos de inversión y las conexiones con otros sectores de poder económico.
Indra tiene una característica: la SEPI (Estado) mantiene alrededor del 28% del capital, convirtiéndose en su principal accionista. Pero junto al Estado aparecen otros accionistas significativos: SAPA Placencia, empresa vinculada a la familia Aperribay, con alrededor del 7,9%, y Amber Capital, el fondo de Joseph Oughourlian, con una participación que ha oscilado y que ha vuelto a situarse en torno al 7%.
SAPA no es un simple fondo financiero: es una empresa industrial española especializada en defensa y movilidad militar. Su representante en el consejo de Indra es Jokin Aperribay, máximo responsable de SAPA y presidente de la Real Sociedad. Es decir, en la misma estructura societaria coinciden industria militar, capital privado y uno de los grandes clubes del fútbol español.
Joseph Oughourlian. Fundador de Amber Capital, es presidente de PRISA y, simultáneamente, presidente del Racing Club de Lens francés.
Amber es el principal accionista de PRISA. En las cuentas de 2024 figuraba con el 29,72% de los derechos de voto, por delante de Vivendi, Global Alconaba, Rucandio y otros accionistas.
Por tanto, alrededor de una misma persona se cruzan tres aspectos aparentemente diferentes: capital financiero, medios de comunicación y fútbol. Oughourlian participa en la estructura de Indra a través de Amber; preside PRISA —grupo que engloba medios como EL PAÍS, Cadena SER, Cinco Días, AS y Editorial SANTILLANA— y preside además el Lens.
El caso de Escribano Mechanical & Engineering: Los hermanos Ángel y Javier Escribano llegaron a controlar el 14,3% de Indra, convirtiéndose en un accionista industrial de enorme peso. Ángel Escribano llegó a presidir Indra. Sin embargo, en mayo de 2026 los hermanos vendieron íntegramente ese paquete y abandonaron el capital de la compañía.
La salida de Escribano modificó sustancialmente el mapa. Ya no estamos ante aquella Indra donde SEPI, Escribano, SAPA y Amber podían sumar cerca de la mitad del capital. Ahora el Estado vuelve a aparecer con una posición mucho más claramente dominante entre los accionistas identificados, aunque el resto del capital continúa repartido entre fondos e inversores privados.
La comparación con Francia
Francia no se limita a tener una participación estatal importante en una empresa concreta. El Estado francés mantiene participaciones en un conjunto mucho más amplio de compañías consideradas estratégicas, entre ellas Thales, Safran, Airbus, Naval Group y KNDS.
La participación accionarial de los estados de Francia y Alemania en Airbus, es muy superior respecto a España.
En Thales, además, el Estado francés mantiene una posición accionarial relevante junto con Dassault Aviation, con mecanismos específicos destinados a proteger determinados intereses estratégicos. Thales, por su parte, posee el 35% de Naval Group, mientras el Estado francés mantiene el resto.
La cuestión no consiste en saber quién posee más acciones de una empresa determinada. La cuestión es la amplitud de la red industrial en la que participa el Estado.
España tiene en Indra un instrumento estratégico en el que la SEPI posee aproximadamente el 28%. Francia mantiene una presencia estatal distribuida por buena parte de su complejo industrial de defensa y aeroespacial.
Caso especial es el de la empresa española de defensa Santa Bárbara, El 25 de julio de 2001 se produjo la firma del contrato de compraventa y la transmisión efectiva de Santa Bárbara a la estadounidense General Dynamics.
Esa venta fue muy polémica, UGT se opuso frontalmente a la privatización (venta), mientras CC OO apoyó el “plan industrial de General Dynamics”, que nunca se cumplió. Un dicho circuló por los medios de comunicación, empresarios y clase política:
«Santa Bárbara: cinco millones, una industria estratégica y una batalla sindical»
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