España
Domingo Soriano (27/9/2026)
Parece claro que lo de estos días es sólo el primer acto de la izquierda ante una campaña electoral que se intuye muy larga.Decenas de personas se concentran frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen. |
Como, además, tenemos a las redes sociales para ilustrarnos, ya somos todos expertos en las normas sobre renta antigua, subrogaciones y vulnerabilidad. Al final, parece claro que lo de estos días es sólo el primer acto de la izquierda ante una campaña electoral que se intuye muy larga.
Sin embargo, en medio de todo este ruido, hay al menos dos preguntas obvias que casi nadie se está planteando.
La primera es la que tiene que ver con la solución habitacional y la vivienda digna. Desde que hace una década este tema de los desahucios (siempre con gobiernos de la derecha, por supuesto) entró en nuestra agenda política y mediática, la fórmula repetida ha sido siempre muy parecida. Más o menos del estilo: «Nadie en una situación de vulnerabilidad debería ser expulsado de su casa si no se le garantiza una alternativa habitacional digna».
Que suena muy bien, hasta que uno se pone a analizarla. Lo primero, porque deja al propietario a expensas del ayuntamiento, consejería autonómica o ministerio de turno. Es decir, el Estado delega la política social en el propietario. Porque si ese mismo Estado (poderoso y con recursos muy superiores a los de cualquier empresa) no consigue la «alternativa», el que tiene que cargar con el problema es alguien que no tiene la culpa de nada.
La «alternativa habitacional»
Pero, incluso este punto tan importante, lo vamos a dejar hoy al margen. Porque la clave es lo de la «alternativa habitacional». ¿Qué significa? Pues, en cuanto uno lo piensa un rato, muy poquito. En el caso que tenemos ante nosotros esta semana, parece ser que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad hicieron ofertas para residencias públicas y la protagonista de las noticias las rechazó. Este fin de semana hemos sabido que hay negociaciones en curso para llegar a un acuerdo con la propiedad. También hemos leído que el principal problema de las residencias es que estaban muy alejadas del barrio en el que siempre ha vivido; aunque intuyo que también influyeron algunos malos consejos y la muy comprensible preferencia por residir en una vivienda antes que en una residencia.
De nuevo, no quiero meterme en el fregao del caso concreto, sino apelar a algo más general: es imposible definir «alternativa habitacional» de una forma que satisfaga a todos. Y también es imposible definir «vulnerabilidad» o «vivienda digna».
En lo que respecta al primer término. Para una familia de 5 miembros, ¿una casa de 50 metros y dos dormitorios es una alternativa? ¿Es vivienda digna? En los 60 y los 70, familias numerosas se agolpaban en el extrarradio de Madrid o Barcelona en viviendas muy pequeñas. Y podríamos seguir con el lugar de la vivienda (¿es una solución que la administración te conceda una vivienda a 50 kilómetros de tu domicilio? ¿y a 20 km?); o con el tipo de vivienda: ¿una residencia de ancianos vale como alternativa? Cualquier solución será complicada.
Tengo para mí que si la izquierda gobernara y fuera un ayuntamiento o comunidad del PSOE-Podemos-Sumar el que tuviera que buscar la solución «digna» a un potencial desahuciado, los requisitos de «dignidad» para los manifestantes bajarían mucho. Del mismo modo que si es Ayuso la que deciden que tiene que ofrecer esa alternativa… aunque ponga un chalet con piscina encima de la mesa, no será suficiente.
Pasará algo parecido a la hora de determinar si alguien que tiene un familiar cercano es vulnerable o no: una familia con hijos, en la que los padres no tienen trabajo, pero en la que los abuelos tienen una casa vacía en esa misma provincia, ¿debe recibir ayudas por vulnerabilidad o debe ceder su sitio a quien no tiene esa opción? ¿Tiene derecho a permanecer en su piso sin pagar? ¿Debe el propietario cargar con una situación así cuando los inquilinos tienen familiares cercanos que podrían echarles una mano?
Y eso sin entrar en una cuestión peliaguda: si a Maricarmen se le ofrece una solución especial, los incentivos para hacer ruido se multiplican. Cualquier persona que prevea que puede ser desahuciada, pensará: «Cuanto más presione, mejor me va a ir». ¿A costa de quién? Del contribuyente, por supuesto. Todo esto viene a cuento de la formulación original. Lo de la «alternativa habitacional» no es una solución, porque no puede serlo. Se plantea un concepto subjetivo (qué consideramos cada uno como una aceptable o cuál es la posibilidad real de salir de una situación apurada) como si fuera una fórmula mágica.
Algo parecido pasa con la petición de prohibir los desahucios, que se ha escuchado mucho este fin de semana. Lo dicen como si fuera a solucionar algo, cuando sólo maquillaría la estadística. En realidad, sería como trucar un termómetro para que siga saliendo 36,5º cuando el tipo está temblando de fiebre. Prohibir los desahucios ayudaría al que ya está de alquiler, pero a los que no tienen casa o quieren cambiar, los dejaría sin opciones. ¡A ver qué propietario va a alquilar en esas condiciones! Los precios no suben porque los caseros sean avariciosos (lo serían igualmente hace 8 ó 10 años, cuando no subían), sino porque la demanda está disparada respecto a la oferta.
Propietarios inflexibles
La segunda pregunta está relacionada con la aparente posición inflexible de la empresa. Más allá de las noticias de las últimas horas, se ha hablado mucho de que desde hace meses ha habido negociaciones con los propietarios para comprarles o alquilarles la casa (y dejar a Maricarmen viviendo en ella en régimen de usufructo); pero ninguna ha fructificado. La empresa ha negado que todas las informaciones que han aparecido sean ciertas, pero es probable que alguna de esas ofertas sí haya estado sobre la mesa.
Hablando con un amigo sobre el caso me decía que le sorprendía que hubieran llegado hasta el final en un entorno tan enrarecido y con los medios deseando saltar a la yugular de cualquier cosa que huela a fondo buitre (Nota al margen: en este caso, estamos ante una pequeña empresa. No digo que esto sea bueno o malo, pero sí intuyo que uno de esos fondos que tan malignos se nos dibujan y que acumulan miles de viviendas no habría llegado hasta el final en este caso, aunque sólo fuera por una cuestión de imagen. Vamos, que precisamente el fondo buitre, más buitre y con más inmuebles en sus manos… no habría desahuciado a Maricarmen).
La reflexión de mi amigo era del tipo «no les merece la pena, mejor que asuman la pérdida durante los años que viva la inquilina y no se arriesguen a males mayores». Y puede que sea verdad. Dicho esto, la pregunta no es sobre este caso, sino en general: ¿las leyes de desprotección de la propiedad que ha impulsado la izquierda están provocando que los propietarios sean mucho más reacios a negociar? Mi intuición es que sí.
Por ejemplo, pienso en las noticias que aseguran que un personaje famoso se había ofrecido a pagar un alquiler a un precio de mercado. En condiciones normales, parecería un buen trato. Ingresas el dinero, te evitas la pena de Telediario y en unos años, tendrás la vivienda a tu disposición. El problema es que a poco que uno lo piense, empiezan a aparecer interrogantes: ¿Y si el famoso deja de pagar, cuánto tiempo tardará en terminarse un nuevo proceso judicial? ¿Y si alguien más va a vivir a la casa y cuando fallezca la titular se arroga el derecho a quedarse? Y muchas otras similares.
Me da que no es algo concreto de este caso. En el clima actual, es lógico que un propietario que antes hubiera estado dispuesto a negociar, ahora se cierre en banda y apueste por una solución expeditiva: proceso judicial y desahucio. Lo que antes era una buena opción, porque ahorraba dolores de cabeza y te permitía mantener el control si el inquilino actuaba de mala fe tras la negociación, ahora se ha convertido en una amenaza. A ver quién se cree que el gesto de buena voluntad no será traicionado, más aún con una ley que siempre se pone del mismo lado.
Así, las normas que en teoría van a proteger al vulnerable, también aquí le dejan expuesto: a la mínima, el propietario salta. Y cuando le ofrecen soluciones de compromiso aparentemente razonables, prefiere la seguridad de la resolución judicial.
A partir de aquí, no creo que nada de esto tenga importancia en el debate que se ha abierto esta semana. Porque no es un debate, es una arenga. No hay más que ver cómo se señala a Almeida o Ayuso o a cualquier otro pepero que pase por allí. Y las soluciones que escuchamos (expropiación de todos los pisos en manos de los fondos) son para echarse a temblar. Todo con tal de no responder a las preguntas incómodas, esas que no tienen fácil respuesta o te señalan en parte.
Fuente:
Libertad Digital.
