espacioseuropeos.com (6/10/2007)
Diputados chilenos han pedido a la Justicia que se amplíen las investigaciones a ex ministros y colaboradores del régimen de Augusto Pinochet. Esta petición ha tenido lugar después de la detención de una veintena de familiares y colaboradores del ex dictador chileno.
Entre las personas detenidas figuran cinco hijos de Pinochet, que pasaron ayer la primera noche en prisión. La investigación la lleva a cabo la jueza Amanda Valdovinos. Los diputados Tucapel Jiménez, Denise Pascal, Francisco Encina y Carlos Montes han instado al Poder Judicial a apoyar la investigación que está llevando a cabo esta jueza.
La investigación se centra ahora en averiguar acerca de posibles implicaciones en actos de corrupción de personas vinculadas al régimen de Augusto Pinochet, entre los que pueden encontrarse ministros, subsecretarios y directores de organismos, entre otros, que, según la prensa chilena, «entregaron enormes sumas de dinero a Pinochet y sus aparatos represivos, entre ellos la Central Nacional de Informaciones y la Dirección de Inteligencia Nacional».
Un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, afirma que la mayor parte de los 27 millones de dólares depositados por Pinochet en bancos extranjeros, entre ellos el estadounidense «Riggs Bamk«, proceden de los denominados «gastos reservados» de la Comandancia y la Casa Militar. Asimismo, restan por encontrar otras decenas de millones de dólares cuyo destino final se desconoce hasta ahora,
Aparte de estos detenidos, se encuentran procesados los generales retirados Guillermo Garín, Sergio Moreno, Jorge Ballerino, Juan Fernando Romero y Guillermo Letelier, además de seis ex coroneles y un ex capitán.
Ayer se conoció que todos los detenidos han sido puestos en libertad provisional, aunque los cargos se mantienen y la investigación continúa.
Caso de que este proceso finalice con condenas por corrupción y evasión de dinero a bancos extranjeros, algo que pocos ponen en duda, podría afectar también a Teodoro Obiang Nguema, familia y colaboradores.
Recordemos que a través de las investigaciones del Senado de Estados Unidos, fue cuando se descubrieron las operaciones de «lavado de dinero», tanto de Augusto Pinochet como de Teodoro Obiang Nguema.
Por entonces, el juez Juan Guzmán, ahora retirado, investigó en profundidad a Pinochet, pero, lamentablemente, llegó a afirmar que no creía que «que el ex dictador sea juzgado en su país», a la vez que reveló que había recibido presiones del entonces Presidente de Chile, Ricardo Lagos. Esto acaeció en la primera ocasión en la que inculpó al ex dictador. La «presión» se basaba en que Pinochet «no está en condiciones mentales suficientes como para aceptar o soportar un juicio».
Una cosa queda clara, la Fiscalía de Chile si ha tenido en cuenta el informe del Subcomité del Senado de los Estados Unidos y ha actuado en consecuencia. Pero, aquí, en España, en nuestra amada Patria, nadie lo ha considerado. Mejor dicho, han pasado de «puntillas» cual bailarina de ballet.
Algunos medios de comunicación, ante la evidencia, nos mostraron lo que llegaba de las agencias de prensa, y que era inevitable ocultar; pero hasta ahora han sido muy pocos los que han seguido el hilo de esta trama de «blanqueo de dinero». Nos referimos, en concreto, a Obiang Nguema.
Las denuncias que en España se han interpuesto en la Fiscalía Anticorrupción no han prosperado, al menos que tengamos noticia. Nosotros, en su momento, realizamos un reportaje en el que aportábamos abundante información respecto a las cuentas bancarias de Teodoro Obiang Nguema, así como las denuncias que en la Fiscalía Anticorrupción habían puesto opositores ecuatoguineanos.
Por entonces, publicamos que también hubo otras denuncias. Por ejemplo, la del abogado Juan F. Franco Otegui, que se dirigió en más de una ocasión a la Fiscalía General del Estado, denunciando «un presunto delito de blanqueo de capitales contra los máximos responsables ejecutivos del Banco Santander Central Hispano, acompañando a la misma el Informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos de Norteamérica de fecha 14 de octubre de 2004».
En uno de esos escritos, este abogado aportaba a la Fiscalía, la identidad de los denunciados. Según esa denuncia, son los siguientes: Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García Ríos (…) Antonio Saenz Abad.
Pero no pararon ahí las denuncias. Más tarde -también dirigido a la Fiscalía General del Estado- en otra denuncia, este abogado relata lo siguiente: «…a lo expuesto en las páginas 53 a 56 de dicho informe -se refiere al elaborado por el Senado de Estados Unidos- donde figura una relación de transferencias desde el Riggs (Cuenta del Gobierno de Guinea) a partir de 7 de junio del 2000 y hasta el 11 de diciembre de 2003. Por un importe total de casi de 26,6 millones de dólares una cuenta de la referida Kalunga S.A. abierta en el Banco Santander, en Madrid…».
Juan F. Franco Otegui, califica así los hechos: «se ha utilizado reiteradamente una cuenta abierta en una oficina del Banco Santander Central Hispano S.A. en Madrid, para el depósito permanente o en tránsito a favor de Teodoro Obiang Nguema, su familia o…».
La Fiscalía atendió esa denuncia con celeridad, pues con fecha 31 de marzo de ese mismo año (2005) contestó al abogado lo siguiente: «…adjuntándole una copia del Decreto por el que se acuerda su archivo».
Teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia y las posibles repercusiones que pudiera tener, la Fiscalía General del Estado emitió incluso un «Comunicado de Prensa», fechado el 6 de abril del presente año, en el que, entre otras cosas, se decía: «Tras realizar las investigaciones oportunas, no se han acreditado hechos con relevancia penal, por lo que procede el archivo de las actuaciones».
En esa misma nota de prensa se aludía a que el «Banco Santander Central Hispano», que de nuevo ha vuelto a llamarse «Banco Santander«, «comunicó por propia iniciativa, como operativa sospechosa de blanqueo de capitales, la operativa de la cuenta de su cliente Kalunga Company (entidad panameña que transfería los fondos de Guinea a varias sociedades en diversos países). Esta comunicación se realizó al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)».
¿Preguntará alguien en la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento de Guinea Ecuatorial) a Teodoro Obiang Nguema por esas sociedades con sede en Panamá y otros países y por esas cuentas corrientes abiertas en el «Riggs Bank», en el «Banco Santander» y en otras entidades bancarias? ¿Preguntará alguien en la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento de Guinea Ecuatorial) a Teodoro Obiang Nguema por la persona o personas que le gestionaron desde España esas cuentas bancarias?
Si nadie lo hace, el pueblo, tarde o temprano, lo demandará…