Mi Columna
Eugenio Pordomingo (20/10/2005)
Desde Chile nos ha llegado una información que, al menos a mí, me ha despertado algunos sentimientos de envidia. La noticia, es la siguiente: «La Corte Suprema privó de su fuero a Augusto Pinochet, para que sea enjuiciado por evasión fiscal y otros delitos de corrupción vinculados con las cuentas secretas que mantuvo en bancos de Estados Unidos y otros países».
La decisión de la Corte Suprema viene a ratificar el dictamen que hace ya cuatro meses fue aprobado por la Corte de Apelación de Santiago de Chile.
Así, de esta forma, el senador Augusto Pinochet, podrá ser investigado y juzgado, junto a su hijo menor y su mujer, pues los dos figuran en el proceso como inculpados.
Otro asunto podría ser las argucias, o no, sobre su condición física o mental para tratar de sustraerse a la investigación judicial. Pero, lo que está claro, es que la Justicia chilena ha dado un paso importante, además de un ejemplo. Y de ahí viene mi envidia.
El juez Jorge Zepeda, al que se le ha encomendado este caso, puede ahora interrogar sin traba alguna a Augusto Pinochet. Asimismo, podrá ordenar su arresto en el caso de que la investigación que se lleva a efecto aporte pruebas suficientes para ello.
Nos llena de alborozo que las cuentas corrientes que Pinochet y su familia tenían abiertas en el Riggs Bank de Washington y otros bancos del exterior (Londres y Madrid), puedan ser investigadas por la judicatura chilena.
Este entramado de cuentas bancarias secretas, comenzó a conocerse a raíz de que una Subcomisión del Senado de Estados Unidos investigara operaciones de «lavado de dinero». En el transcurso de esas investigaciones se detectaron algunas cuentas bancarias secretas que Teodoro Obiang Nguema, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, y Augusto Pinochet, tenían, o tienen, en el mencionado banco americano y en otros europeos.
El juez Juan Guzmán, ahora retirado, investigó en profundidad a Pinochet, pero, lamentablemente, llegó a afirmar que no creía que «que el ex dictador sea juzgado en su país», a la vez que reveló que había recibido presiones del Presidente de Chile, Ricardo Lagos. Esto acaeció en la primera ocasión en la que inculpó al ex dictador. La «presión» se basaba en que Pinochet «no está en condiciones mentales suficientes como para aceptar o soportar un juicio».
Lucía Hiriart, esposa de Pinochet, y Marco Antonio, el menor de sus hijos, están acusados de fraude tributario a la Hacienda chilena.
En agosto de este año, tanto la mujer como el hijo de Pinochet fueron detenidos por la policía chilena, pero ella, debido a su avanzada edad, fue puesta en libertad al día siguiente. Sin embargo, su hijo permaneció casi un mes en la cárcel.
Ambos están acusados de fraude al Fisco por delito tributario, tras haberse detectado su participación en las «maniobras para ocultar casi un centenar de cuentas bancarias en el exterior, con depósitos por unos 27 millones de dólares».
Una cosa queda clara, la Fiscalía de Chile si ha tenido en cuenta el informe del Subcomité del Senado de los Estados Unidos y ha actuado en consecuencia. Pero, aquí, en España, en nuestra amada Patria, nadie lo ha tenido en cuenta. Mejor dicho, han pasado de «puntillas» como una bailarina de ballet.
Algunos medios de comunicación, ante la evidencia, nos mostraron lo que llegaba de las agencias de prensa, y era inevitable ocultar; pero hasta ahora han sido muy pocos los que han seguido el hilo de esta trama de «blanqueo de dinero».
Los que tienen la misión de tapar todo lo habido y por haber, les basta con llenarse la boca de «fascista», para calificar las acciones de Pinochet, cuando pienso que son de otro tipo y están tipificadas en el Código Penal.
Esos mismos que se dedican a endilgar etiquetas políticas a diestra y siniestra, como si ellos tuvieran el don y el mesiánico destino de hacer la selección de «buenos» y «malos», no son ahora capaces de exigir que se aclare en España esa supuesta trama de «blanqueo de capitales».
Eso sí, cuando llegue la hora, que llegará, se apuntarán al carro, tratando de ser los primeros en denunciarlo.