A. G. (21/2/2008)
Poco ha tardado el Gobierno de Galicia, en manos del socialista Emilio Pérez Toruiño, en verse salpicado por la mala gestión y la corrupción. Hace pocos días, altos cargos de la Xunta de Galicia han sido imputados por supuestos delitos de prevaricación administrativa. Son el Director Xeral de Obras Públicas, Manuel Morato Miguel, el también Director Xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda, Eugenio García Lalinde, el Subdirector Xeral de Estradas, Antonio López Blanco, y la jefa del servicio provincial de carreteras de La Coruña, Teresa Palacios.
La querella contra estos cargos fue presentada en los primeros días de este mes por el PP con motivo de la supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras de la Autovía do Barbanza que fue efectuada por la Xunta en febrero de 2006. El juez ha admitido a trámite esta denuncia y ha abierto diligencias previas.
Según hemos podido saber, entre los días 4 y 5 del mes de marzo, el juzgado comenzará a tomar declaración a los imputados.
El juez ha admitido a trámite la denuncia al observar indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
La denuncia fue presentada el pasado 4 de febrero. En la misma se acusaba a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, de tomar la decisión administrativa de adjudicar las obras de la autovía a Sacyr, un proyecto de 30 millones de euros más caro que el previsto inicialmente.