espacioseuropeos.com (25/3/2008)

En el mes de octubre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción aprobó una querella contra Enrique Porto por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Pero el PSOE decidió no continuar con la causa y aparcar su acusación particular contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción se ha quedado sola en la personación como acusación del llamado «caso Porto». Aunque, al parecer las acusaciones particulares emprendidas  por lo socialistas  Ruth Porta y Modesto Nolla van a seguir.

Los socialistas guardan silencio acerca de los motivos que han llevado al PSOE a retirarse del «caso Porto», aunque no es de extrañar que haya habido un pacto entre los dos grandes partidos sobre asuntos de esta enjundia. Una prueba la podemos tener en los dos debates que mantuvieron en televisión José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, donde no se habló para nada de corrupción.

En la actualidad, el «caso Porto» ha dejado en solitario a la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que el  juzgado número 2 de Móstoles (Madrid) admitió en octubre del año pasado una querella de la Fiscalía contra Enrique Porto por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

La decisión de apartarse de esta querella, la tomó el PSOE nada más llegar Tomás Gómez a la dirección de la FSM (Federación Socialista Madrileña), en contra del anterior equipo dirigido por Rafael Simancas.

La Fiscalía tiene ahora sobre su mesa la función de probar que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid se sirvió del cargo que ostentaba para tramitar un planeamiento de suelo en la localidad de Villanueva de la Cañada que produjo un suculento  beneficio económico para su mujer. Esta querella también va contra el alcalde de dicho municipio, Luis Partida, del Partido Popular, los arquitectos José María Fernández del Río y Juana María Manrique, y el ingeniero agrícola Luis Arrabal.

En poder del juzgado figuran presuntas irregularidades urbanísticas enmarcadas en la aprobación del proyecto del Plan Parcial Sector I, Los Pocillos de Villanueva, que incluía también un monte declarado suelo protegido no urbanizable.

El ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, presentó su dimisión el día 3 de octubre de 2006, para -según dijo entonces- «defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad», tras diversas acusaciones de los socialistas madrileños.

Desde su cargo en la Dirección General de Urbanismo, Porto  dio el visto bueno a varios proyectos en los que directa o indirectamente había tenido intereses, agilizando su tramitación, sin que se inhibiese en ningún caso por razones de su cargo. Algunos de esos proyectos fueron paralizados o rechazados hace años, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Enrique Porto seguía manteniendo, siendo director general,  relación económica con la empresa Plarquín, la sociedad en la que participaba, además de Fernández y Porto S.A., mercantil que permanece activa. Ésta última empresa seguía cobrando de Plarquín 6.000 euros mensuales en concepto de «alquiler de sede». Esa misma «sede»  se encuentra en un edificio propiedad de Porto. Poco antes de su dimisión, la Cadena Ser aportó grabaciones en las que el ex director general de Urbanismo negaba reiteradamente  esa relación.

Tratando de minimizar los efectos electorales (autonómicas de 2007) que esta «dimisión» pudiera tener, fuentes cercanas a Esperanza Aguirre trataron de presentar la dimisión de Porto como una prueba de su «honorabilidad».

La sociedad Plarquín tiene como objeto social la consultoría en Urbanismo, y fue fundada por Porto en el año 2000, figurando el mismo como Administrador Único; su sede social se encuentra en el propio despacho personal del ex director general de Urbanismo, sito en la calle  José Silva 14 de Madrid. En la actualidad el apoderado de la sociedad es su socio de despacho profesional  Fernández del Río.
 

Enrique Porto cedió su cargo de Administrador a Alejandro Arca Naviero, conocido Arquitecto en Villagarcía de Arousa (Galicia), localidad de la que es oriundo Porto. Los dos mantienen excelentes relaciones personales y profesionales.

La sociedad declaró en el año en que se constituyó, una facturación de 126.818 euros; pero esa cantidad se multiplico diecisiete veces en el año 2004, alcanzando la cifra de 2,19 millones de euros de facturación. En esta fecha Porto ya era Director General de Urbanismo.
 

José Maria Fernández del Río y Maria Isabel Alonso Pérez Campoamor aparecen como consejeros de Plarquín. Pero a su vez figuran vinculadas con Porto a través de la sociedad Constructora Alonso Rato, del Grupo Rato, que está presidida  por Ana María Pérez Campoamor, figurando José María Fernández del Río como Consejero Delegado. Éste último aparece, además, vinculado a numerosas empresas de la familia Rato.

Porto ha venido realizando trabajos profesionales (Planeamiento General de los Municipios) en la Comunidad de Madrid. Algunos de los municipios donde ha llevado a cabo esos trabajos de consultoría han sido, entre otros, Aranjuez, Camarma de Esteruelas, San Martín de Valdeiglesias, Villanueva de la Cañada, Moralzarzal, Ciempozuelos, San Lorenzo del Escorial, Cobeña,  Manzanares el Real, Galapagar y Majadahonda.

No debemos olvidar que Porto fue uno de los impulsores de la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada siendo Ruiz-Gallardón presidente de la Comunidad de Madrid. Quienes le conocen aseguran que sus vínculos con «los que mandan en el cemento y el ladrillo son muy fuertes…; para él -se refieren a Portoel «mercado es el que manda, lo demás le importa nada…».

Un cierto tufo a pacto se desprende de la decisión de ahora de los socialistas madrileños…Veremos en que queda todo.

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