A. G. (20/3/2008)
El pasado día 17 de este mes, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, emitía una polémica instrucción en la que recordaba que los fiscales están facultados para ordenar investigaciones a la policía judicial, aunque se esté llevando a cabo un procedimiento abierto por un juez.
Pero, los jueces de la Audiencia Nacional rechazaron de forma unánime que se realicen «investigaciones paralelas», ordenadas por los fiscales. De esta forma, los jueces rechazarán diligencias practicadas por la fiscalía que no hayan sido solicitadas y ordenadas por ellos.
Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, Fernando Andreu y Fernando Grande-Marlaska, jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional han participado en la junta que dio respuesta a la instrucción de Conde-Pumpido. Estos cuatro jueces, de un total de seis -dos estaban ausentes-, han advertido que las pruebas obtenidas en una investigación penal que haya sido ordenada por la Fiscalía, de acuerdo con la instrucción del Fiscal General, podrían «estar afectadas de nulidad» de cara a la celebración de un juicio.
Los ciudadanos permanecen atónitos a las peleas entre jueces y fiscales por competencias, mientras los políticos hacen otro tanto intentando adueñarse del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de cualquier otra institución que conlleve algún retazo de poder. Lo peor es que, entre tanto, permiten poner en libertad al etarra Fernando Etxegarai Gastearena, condenado en 1989 a casi cien años de cárcel, y que tan solo ha cumplido 21 años.
Eso sin contar que Los Alberto, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, condenados por delincuentes, se libran de ir a la cárcel gracias a no se qué decisión del Tribunal Constitucional…