España
Espacios Europeos (16/10/2026)
En el caso Leire Díez-cloacas del PSOE, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una operación encubierta y de cloacas del PSOE y del Gobierno sanchista para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas del entorno del presidente, al PSOE o al Gobierno. También investiga contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las actividades de la trama, es decir, de las cloacas del PSOE, consistían en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles…), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la juez Beatriz Biedma (instructora del caso David Sánchez, el del hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.
Una de esas personas, la juez Beatriz Biedma, pidió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz incorporarse como «perjudicada», porque sintió incluso el temor a ser agredida físicamente a instancias de la trama. El magistrado de la Audiencia Nacional se lo concedió.
El pasado 8 de octubre, la magistrada declaró como perjudicada ante el juez Pedraz, al que confirmó que la denominada trama Leire le realizó seguimientos entre 2024 y 2025. Ese espionaje se extendió, incluso, a la escuela en la que estudian sus hijas, en Badajoz.
Entre el material aportado por Biedma al juez Pedraz, figuran 96 vídeos del canal de YouTube del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, varias denuncias presentadas contra ella ante la Fiscalía y documentación sobre los contactos de este exjuez con personas de su entorno.
Pues bien: tras esa declaración, la juez Biedma denunció que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada presuntamente la siguió en coche, ese mismo día 8 de octubre, cuando regresaba a su domicilio en Badajoz junto a sus dos hijas menores, después de declarar ante la Audiencia Nacional.
En la denuncia, incorporada a la investigación del juez Pedraz, Biedma expresa su temor por la seguridad de su familia y sospecha que podrían haber instalado un dispositivo de geolocalización en su vehículo. También denuncia una campaña de hostigamiento que incluiría amenazas, descalificaciones públicas e indagaciones sobre sus movimientos y los de sus hijas.
Poco después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó emitir una declaración institucional de respaldo a la jueza Beatriz Biedma por la oposición de nueve vocales del sector progresista, que argumentaron que el organismo debe mantener la neutralidad mientras la Audiencia Nacional investiga las presuntas maniobras de hostigamiento e intimidación contra la magistrada. Según defendieron, un pronunciamiento público podría interpretarse como una toma de posición anticipada sobre hechos cuya responsabilidad aún debe esclarecerse judicialmente. Los vocales conservadores, promotores de la iniciativa, reprocharon esta negativa al considerar que el Consejo debía defender la independencia judicial y mostrar su solidaridad con una jueza que denunció presiones. La discrepancia impidió alcanzar un acuerdo común, aunque desde el sector progresista se señaló que ya se había trasladado apoyo personal a Biedma.
La novedad hoy es que los jueces de instrucción de Madrid, lamentando «la falta de pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial», y «sin prejuzgar lo sucedido ni las posibles responsabilidades», han emitido un comunicado en el que muestran su «apoyo» a la juez Biedma. Añaden que los magistrados que investigan delitos «no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación». Y concluyen que «la independencia judicial no es un privilegio de quienes tienen la función de juzgar, sino una garantía de todos los ciudadanos».
Fuente:
HISPANIDAD.
