espacioseuropeos.com (25/6/2008)
El Gobierno de España da la impresión de padecer esquizofrenia («España sigue produciendo masivamente «bombas de racimo»); por un lado ratifica la Conferencia de Dublín contra el uso de «bombas de racimo», y por otro, ocupa uno de los primeros lugares en fabricación y compra de estos mortíferos artefactos.
Así, en los últimos cuatro años ha gastado 3,18 millones de euros en «compra y mantenimiento» de bombas de este tipo. El Ministerio de Defensa aprobó cuatro contratos en la pasada legislatura, tres de ellos se referían a la compra de «bombas de racimo» de los modelos BME-330 y MAT-120, y el cuarto contemplaba el «mantenimiento» de estas municiones. Los cuatro contratos se formalizaron con las empresas españolas Instalaza y Explosivos Alaveses.
El primer contrato, de mantenimiento de «bombas de racimo», tipo BME-330, fue adjudicado por el Gobierno de España a la compañía Explosivos Alaveses, a últimos del año pasado, cuyo expediente fue tramitado por un procedimiento negociado, sin publicidad, con un costo de 799.998 euros.
Meses más tarde, el 29 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa -según informó Europa Press– el Ministerio de Defensa aprobó un contrato de compra de «bombas de racimo», MAT-120, con la empresa Instalaza, por un monto de 1,49 millones de euros. Algunos de los tipos de granadas que contemplaba este pedido han sido denunciados por diversas ONG, «como una de las bomba de racimo españolas».
Otros contratos de este tipo, fueron firmados en agosto de 2006, con Explosivos Alaveses, por valor de 447.300 euros. Y, que sepamos, el último de los contratos, con fecha de adjudicación de 19 de septiembre de 2006, fue una compra a Instalaza de «bombas de racimo», MAT-120, que cada una de ellas contiene 21 submuniciones.
Todos los contratos fueron adjudicados por procedimientos negociados, sin publicidad,
Una «bombas de racimo» es del tamaño de una lata de refresco. La bomba madre, por así decirlo, lleva en su interior varias decenas o cientos de estas «bombas de racimo», que durante su trayectoria, son expulsadas. En teoría, deberían estallar al chocan contra el suelo, pero un 30 por ciento de ellas no lo hacen, quedando esparcidas por el suelo. Son un auténtico peligro mientras no se las desactive. Se calcula que casi el 98 por ciento de las víctimas civiles en conflictos bélicos son debidas a este tipo de municiones.
Lo curioso de este proceso, es que mientras España es una importante productora de estas «bombas de racimo», militares españoles expertos en desactivación se dedican, por ejemplo, en El Líbano, a eliminar sus efectos.