Alberto Buela (4/7/2008)
El fin de la dictadura militar que duró del 76 al 83 supuso la restauración del sistema democrático en la Argentina.
Así, desde diciembre de 1983 a mayo de l989 gobernó el partido radical bajo la presidencia de Raúl Alfonsín quien renunció, en sus palabras «resignó» el poder a manos de Carlos Menem surgido de las filas del peronismo.
El régimen político de Alfonsín vino a restaurar el Estado de derecho con en cual, siempre según sus palabras «se come, se vive y se educa». La democracia para él no era un sistema de gobierno, seguramente el mejor para las sociedades de masas, sino «un sistema de vida». Error típico de la ideología liberal en su variante socialdemócrata que confunde y reduce las múltiples y variadas formas de vida a una forma de gobierno.
El rescate de los Derechos Humanos, tomados en sorna por la dictadura militar del 76 al 83 bajo el slogan «los argentinos somos derechos y humanos», está íntimamente vinculado al Estado de derecho reinstaurado por el gobierno radical. Estos derechos humanos tenían su anclaje en las Declaraciones liberales de los derechos del hombre de la Revolución francesa de 1789, y más acá, en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, que supuso una mayor elaboración teórica del tema al que aportaron sus meditaciones dos centenares de filósofos y pensadores.
Así los Derechos Humanos fueron el marco de referencia de un Estado de derecho que realizó eficazmente el juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado (cuando desde el Estado la fuerza legítima se transforma en violencia) aplicado durante la Dictadura militar.
El tema de la convivencia política y social civilizada e ilustrada con su teoría de los dos demonios sostenida, entre otros, por Ernesto Sábato en el libro «Nunca Más», fue el objetivo propio y específico de este gobierno. Objetivo que no le permitió ni ver ni resolver las sucesivas crisis económicas. Así, inflación galopante, desempleo, nueva moneda con el «austral», crecimiento desmedido de la fraudulenta deuda externa, etc. Todo ello hizo que el radicalismo derrotado en forma contundente en elecciones presidenciales entregara, seis meses antes, el gobierno al menemismo triunfante.
Menem al asumir el poder cambió, en el mismo día de su asunción, de ideología, pasando a militar en el liberalismo más rancio llamado neoliberalismo (su primer ministro de economía Rapanelli fue el último gerente de la multinacional Bunge y Born).
En este gobierno que dura diez años(1989-1999) se deja de lado la teoría de los Derechos Humanos como marco de referencia del accionar democrático para sostener que «la sociedad fue víctima inocente» de las acciones de la Dictadura militar. Se proclamó en nombre de un pragmatismo político que sólo leía a Sócrates, la superioridad de los fines con lo que se vino a legitimar el uso de cualquier medio, incluso aquellos que iban en contra de los Derechos Humanos como había sucedido durante la Dictadura y se terminó indultando a los militares condenados, sabia y prudentemente, por el tribunal formado en el gobierno anterior.
Le sucede a Menem, el radical liberal De la Rúa quien, como ha sucedido históricamente en Argentina, se limitó a respetar la formalidad democrática, esto es, a la democracia procedimental pero no supo resolver las sucesivas crisis económicas cada vez más agudas, que terminaron por expulsarlo del poder en diciembre de 2001. Llevándose a cuestas en su conciencia una veintena de muertos.
Superada la debacle económica por el gobierno provisorio de Duhalde asume en mayo de 2003 Kirchner quien instala como «un absoluto ético» de su régimen de gobierno los Derechos Humanos.
Con la creación de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos como usina ideológica del gobierno se tomó distancia del viejo Estado de derecho y se llevaron los Derechos Humanos y su defensa al paroxismo de extenderlos a toda la actividad humana. Se dejó de lado el criterio según el cual los Derechos Humanos se fundaban en la inherencia a la persona para ser establecidos por consenso. Aparecieron así infinita variedad de «derechos humanos» según el lobby que los fogoneara. Por ejemplo, derechos humanos de los gays al matrimonio o a la adopción de hijos, de las mujeres al aborto, al ejercicio de la prostitución, al consumo de drogas, etc.
Se lo estableció como «un absoluto ético» en cuya defensa convergieron las Madres de Plaza de Mayo, quienes son las que verdaderamente rescataron en Argentina la función política de los Derechos Humanos, y la militancia montonera de los años 70. Esto es, «los imberbes» echados por Perón de la Plaza de Mayo en 1974. Sin contar con todos aquellos, que son muchísimos, que vieron en el manejo e instrumentación de los Derechos Humanos una salida laboral o el inicio de una carrera política.
Esta convergencia produjo la anulación de los juicios de Alfonsín y la anulación de los indultos de Menem a los responsables del terrorismo de Estado, lo que llevó a la realización de nuevos juicios con seguras nuevas condenas, pero esta vez no ya en el marco del Estado de derecho sino más bien ligados a la revancha entendida como resentimiento político, en tanto que rencor retenido durante veinte años por aquellos que fueron vencidos militarmente por la Dictadura militar.
El régimen de Kirchner al transformar los derechos humanos en «un absoluto ético», según el cual ningún fin ni ninguna acción de la oposición al gobierno se puede justificar si va en contra de ellos, los que a su vez como vimos se transformaron en infinitos, hizo que su gobierno no pueda ser criticado sin ser el crítico inmediatamente estigmatizado. Así, sus decisiones no se discuten y su pluralismo es entendido como poner al otro, al que se opone o disiente, de rodillas. Su gobierno se transformó más en personal que en institucional. No otorgó ni una sola conferencia de prensa en todos sus años de gobierno ni realizó ni una sola reunión de gabinete. Gobernó a través de decretos de necesidad y urgencia relegando al Congreso Nacional a una mera formalidad democrática. Se manejó al mejor estilo staliniano rodeado de la troyca que formó el círculo áulico.
Este breve recorrido deja una lección, los absolutos éticos elevados a normas políticas nos llevan, lo quieran o no así sus gestores, a regímenes políticos de corte personal y arbitrario.
Hoy Kirchner terminó, al menos formalmente, su mandato. La que está en el gobierno es su señora Cristina Fernández, y ella tiene la ocasión de tomar nota de esta evolución político-ideológica de los Derechos Humanos y así puede ver que si gobernar es crear instituciones como lo hizo Sarmiento con el Colegio Militar donde canalizó todas la inquietudes belicosas que perduraban de las guerras civiles del siglo XIX y Perón lo hizo con los sindicatos donde superó las tensiones políticas e ideológicas venidas desde Europa entre anarquistas, comunistas y socialistas. Por qué no institucionalizar el ejercicio del poder político en Argentina fundándolo en la simpleza y claridad de realización de «los valores patrios».
N. de la R.
El autor es profesor de Filósofo y autor de numerosos libros y trabajos sobre diversas materias. Es miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos.