espacioseuropeos.com (14/11/2008)
El pasado  Consejo de Ministros aprobó la firma por parte de España de «un Acuerdo de Cooperación en Materia de Inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea Bissau, así como la aplicación provisional del mismo».

Según Exteriores, este acuerdo reviste gran importancia «para el control de los flujos migratorios procedentes de la República de Guinea-Bissau y otros puntos del África Subsahariana«, control que -según Exteriores-  «constituye uno de los objetivos generales de la política del Gobierno para dicho continente, como queda establecido en el Plan África del Gobierno de España».

La nota del Consejo de Ministros menciona que los acuerdos provisionales existentes hasta ahora regulan la «readmisión» en situación irregular, en aplicación desde el 9 de marzo de 2003. «El Acuerdo actual constituye un instrumento mucho más eficaz, y contribuirá de manera positiva a la lucha contra el tráfico de personas y tráficos ilícitos en Guinea-Bissau», afirma la nota ministerial.

El texto aborda de manera integral, pragmática y cooperativa el fenómeno de las migraciones entre España y dicha República, combate de manera eficaz la inmigración ilegal y facilita la repatriación de aquellos nacionales de cada país que se encuentran irregularmente en el territorio del otro, respetando las obligaciones y garantías de los derechos fundamentales contempladas tanto en las legislaciones nacionales internas, como en los Convenios internacionales, son algunos de los aspectos que recoge el acuerdo.

Sin embargo, no se menciona en la referencia del Consejo de Ministros, el costo que supone este Acuerdo para el erario público español. Sí sabemos, que las grandes empresas del sector pesquero español se están beneficiando de estos acuerdos, así como las «empresas amigas» que participan o van a participar en los contenidos de los llamados créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo). Pero, ¿beneficia este Acuerdo a los nativos de Guinea Bissau y a los de España?  Sinceramente, creemos que no.

En enero de este año, España y Guinea Bissau firmaron un memorando de cooperación pesquera, «con el fin de desarrollar la pesca artesanal en el país africano», se dijo.  Pero la realidad es que importantes sectores de la población guineana se han visto avocados a emigrar. Por otro lado, los salarios que perciben por sus largas jornadas en los barcos pesqueros europeos, son ridículos; muchas veces el pago se hace mediante alimentos y ropa.

El barco oceanográfico español, «Vizconde de Eza», está dedicado a investigar los recursos de la zona, según esos acuerdos, pero sus investigaciones están básicamente dirigidas a localizar especies y bancos de pesca para transferir la información a las flotas pesqueras.

En contrapartida, el Gobierno de España ha ofrecido dos plazas para universitarios de Guinea Bissau para realizar el Master de alta dirección en gestión pesquera, organizado por el CIHEAM (Instituto Agronómico de Zaragoza) y la Universidad de Barcelona.

La economía de Guinea Bissau es básicamente de supervivencia, basada en la agricultura y en la pesca, y estos acuerdos, por lo que se ve, no han beneficiado en nada a la población de la ex colonia portuguesa. ¿La emigración es la única salida?