espacioseuropeos.com (31/1/2009)
La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de admitir a trámite una querella contra el ex ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, Benjamín Ben-Eliezer, y seis militares israelíes, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños, ha sentado como un “jarro de agua fría” en Israel. Según la resolución del juez Andreu, se imputa a los militares por un delito contra la humanidad, al considerar que ese ataque fue “claramente desproporcionado y excesivo”.
Pero, a pesar de esa “mala noticia” para Israel, varios diarios israelíes aseguran que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, ha prometido a su homóloga, Tzipi Livni, que el Gobierno español ha comenzado a trabajar para que la actual legislación se cambie, con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales “para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España”.
Los diarios israelitas, “Haaretz”, “Jerusalem Post”, “Yediot Ahronot” y la radio del Ejército, entre otros medios, han divulgado la noticia de que Moratinos telefoneó a Livni para anunciarle que el Gobierno español modificará la legislación para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España. Nada más conocer esas intenciones, la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, se congratulaba porque el Gobierno español «haya decidido parar este fenómeno», y que su gobierno trab
ajaba para frenar «investigaciones similares infundadas».
La radio militar israelí incidió en el mismo asunto, informando que el ministro Moratinos había informado a Livni que, aunque esa reforma judicial no iba a llegar a tiempo para la querella admitida a trámite por el juez Andreu, su ministerio trabajaría para anular la investigación en marcha.
Para oscurecer aún más la serie de declaraciones alrededor de este asunto, la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Gobierno no interferirá en decisiones judiciales y que respetará las decisiones judiciales. Según De la Vega, la ministra Livni “entiende que la Justicia en España actúa con total independencia».