Eugenio Pordomingo (18/3/2009)
El diario «El Mundo» aporta hoy nuevos datos acerca del periplo como conferenciante del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Un artículo de María Peral, informa que el juez «logró que el Santander» financiara sus conferencias como sponsor. Pero, al regresar «incumplió su deber de abstención en una querella» contra el banquero Emilio Botín.
La memoria oficial, que 
aparece en la página web del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York «correspondiente a los años en los que acogió al juez Baltasar Garzón asegura» que fue el juez el que «obtuvo los fondos necesarios» para organizar los coloquios «Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica».
Según cuenta María Peral, la Universidad de Nueva York «no proporcionó este dato al Tribunal Supremo cuando se le requirió información sobre la estancia del instructor de la Audiencia Nacional en ese centro». En una certificación oficial presentada ante el Tribunal Supremo el 18 de julio de 2008, «el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York afirmaba que el Banco Santander Central Hispano S. A. New York Branch entregó 202.000 dólares en 2005 y 100.000 dólares en 2006 para la organización de dos series de coloquios: Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica».
Entre marzo de 2005 y junio de 2006, «período en el que disfrutó» de una «licencia de estudios», que le fue concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «jamás otorgada ni antes ni después a ningún otro juez».
Con esos fondos -afirma la periodista- «se pagaron 21.152 dólares en gastos de viaje y 21.650 dólares para la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas». Por supuesto, mientras estaba en New York, el juez Garzón seguía cobrando su salario como magistrado de la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo afirmó en una resolución «conocida» el pasado día 9 que «en modo alguno puede decirse que la entidad bancaria le entregase su patrocinio al juez». Pero, en las certificaciones de la Universidad se ocultó «que fue el propio Garzón» el que «obtuvo los fondos necesarios» para financiar los debates, «tal y como se afirma textualmente en la memoria del Centro Rey Juan Carlos I correspondiente a los años 2004-2008«.
Finalizada su estancia en New York, y una vez reincorporado al Juzgado, Baltasar Garzón «inadmitió una querella dirigida contra Emilio Botín, presidente del Santander». Pero, el Tribunal Supremo descartó «que esa decisión constituyese un delito de prevaricación», aunque sugirió que «el juez incurrió en una falta disciplinaria por no abstenerse de resolver sobre esa querella».
¡Vaya papelón el del juez Garzón, y el del CGPJ!, pero ¿qué decir de la Universidad estadounidense, que ocultó esos datos al Tribunal Supremo? ¿Se hubiera comportado así con la Corte de Estados Unidos? Seguro que no.
Por otro lado, y teniendo en cuenta los datos aportados por el diario «El Mundo», ¿no habría que anular la inadmisión de esas demandas contra Emilio Botín? Si esto les pasa a los poderosos, ¿qué no les ocurrirá a los de abajo?
Recuerdo ahora que en una ocasión, el abogado Rafael Pérez Escolar -que en más de una ocasión demandó a Botín, con escaso éxito, aunque con base jurídica suficiente-, dolido por lo que consideraba una injusticia, me mencionó dos frases lapidarias. Una de ellas es de Talmud, y dice así: «¡Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados!»; la otra, de Herbert Spencer, fundador de la filosofía evolucionista en Gran Bretaña: «Todo delito impune engendra una familia de delincuentes».