espacioseuropeos.com (22/7/2009)
En un comunicado de prensa, el Foro Ermua y «numerosas asociaciones cívicas» informan que ayer han solicitado al Defensor del Pueblo la «interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña» aprobada por el Parlamento de Cataluña el 1 de julio de 2009.
Además del Foro Ermua, las asociaciones firmantes son: Convivencia Cívica Catalana, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Padres de Alumnos (CONCAPA), Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística (País Vasco), Mesa por la Libertad Lingüística (Galicia), Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Balear, Asociación Gallega para la Libertad del Idioma, Fundación para la Defensa de la Nación Española (DEMAES), Hazte Oír, Foro Arbil, Profesionales por la Ética (Cataluña), Fundación Papeles de Ermua , Fundación Persona (Cataluña), Pares i Mares Lliures (Cataluña), Pataforma Valenciana para la Libre Elección de Lengua, Profesores por el Bilingüismo (Cataluña), Acción Cultural Miguel de Cervantes (Cataluña), Ágora Socialista, Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano, Asociación Ateneo xxi Barcelona y Lengua Común (Aragón).
Ayer por la mañana el Defensor del Pueblo recibió a los representantes de las referidas asociaciones que le hicieron entrega «de la solicitud de interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán el pasado 1 de julio«.
Los motivos que aducen para ello son que la «LEC supone un grave atentado contra la libertad de enseñanza y la libertad lingüística de los españoles y rompe definitivamente con la unidad básica del sistema educativo garantizado por las Leyes Orgánicas de Educación, que asegura la igualdad de los españoles ante la ley y el que éstos dispongan de los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio del Estado, al atribuirse unilateralmente competencias reservadas en exclusiva al Estado, creando así un sistema escolar separado con respecto al sistema escolar español, lo que equivale a la secesión escolar de Cataluña en la que el Estado no tendrá presencia alguna en materia educativa».
Para los firmantes de esta solicitud, «la inconstitucionalidad de esa Ley se deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña del que es desarrollo explícito, contra el que esta Alta Institución interpuso en su día Recurso de Inconstitucionalidad».
Especial atención merece el «régimen lingüístico del sistema escolar», como se le llama en el texto legal de referencia, que la LEC establece: «Este sistema se caracteriza por la exclusión absoluta de la lengua castellana, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular de enseñanza. La LEC no hace así sino consagrar, elevando de rango y llevando al extremo, distintas normas ya existentes en el ordenamiento legal autonómico, por las que el gobierno autonómico ha implantado desde hace años el llamado modelo de inmersión lingüística que viene a sustituir de forma indudablemente ilegítima el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo, cuya constitucionalidad el Tribunal Constitucional sancionara en su conocida Sentencia 337/1994, de 23 de diciembre».
Otros aspectos contemplados en la solicitud se refieren a la vulneración del «principio de igualdad» y de la «libertad de expresión en el ámbito de la enseñanza», y del «régimen de cooficialidad de las lenguas que el artículo 3 CE (Constitución Española) constituye».
Finaliza la nota de prensa aludiendo a la «gravedad de la situación y la pasividad de los partidos políticos ante ella nos conduce a las asociaciones cívicas (…) a movilizarnos de modo unitario para defender activamente los derechos y libertades que la Constitución Española de 1978 garantiza compareciendo ante el Excmo. Defensor del Pueblo para que en cumplimiento de alta su misión constitucional atienda nuestra solicitud de defensa de los derechos y libertades fundamentales proclamados en nuestra Constitución con la presentación de Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña, aprobada el pasado 1 de julio por el Parlamento de Cataluña».