espacioseuropeos.com (29/11/2009)
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) y la Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar realizaron a última hora de la noche del viernes, tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, «un llamamiento a mantener la movilización social y la preocupación» por la activista saharaui y por la solución al conflicto del Sáhara Occidental, informa SPS.
Con posterioridad al encuentro en el que también estuvo presente la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y la de Política Internacional, Elena Valenciano, los miembros de las asociaciones solidarias señalan en un comunicado que continúan existiendo «contradicciones» entre «el discurso del Ejecutivo y las nulas acciones llevadas a cabo» para solucionar la situación de Aminetu Haidar.
Para la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) y la Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar, el Gobierno de España «ha cometido un abuso de poder» con la activista Aminetu Haidar, pues se la estaría reteniendo en España «en contra de su voluntad» y se estaría produciendo un «incumplimiento grave del Derecho Internacional Humanitario». Pero lo más grave, es que en el comunicado conjunto, se afirma que esa actuación lo es «en beneficio de otra potencia en un conflicto internacional sobre descolonización territorial».
Además de su preocupación por el precario estado de salud de Aminetu Haidar, los miembros de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) y la Plataforma de Solidaridad con Aminetu Haidar, habrían trasladado a Moratinos su «indignación por la falta de atención» recibida por la activista por parte del Ejecutivo español, al tiempo que habrían recalcado la «absoluta autonomía» de Haidar en la toma de las decisiones que afectan a su huelga de hambre, recoge SPS.
El comunicado concluye así: «España, en la próxima Presidencia de la Unión Europea, tiene una inmejorable oportunidad para liderar una solución justa que contemple la legalidad internacional, las repetidas resoluciones de la ONU y el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui», pues de lo contrario «seguirá siendo cómplice de una injusticia que dura ya 35 años, y de la que la sociedad española siente vergüenza».