Paloma González del Miño (5/11/2009)
Así pues, los electores afganos no tendrán que acudir a las urnas el 7 de noviembre. Sin embargo, aunque jurídicamente el tema queda cerrado, las dos cuestiones de fondo gravitan sobre la legitimidad del nuevo presidente, acusado de propiciar fraude electoral en la primera vuelta y la formación de un nuevo ejecutivo, cuya composición resulta complicada en virtud de los pactos que Karzai realizó con los principales señores de la guerra que le proporcionaron apoyo para su reelección.
Si nos centramos en el plano jurídico, al margen de la justificación un tanto vaga de la Comisión Electoral, alegando su decisión de no convocar la segunda vuelta electoral en virtud del «interés nacional, dadas las condiciones de seguridad, y para evitar más pérdidas de vidas», la Constitución de Afganistán no contempla el caso planteado, es decir, un candidato que no ha obtenido mayoría en la primera vuelta. El artículo constitucional es claro al respecto, señalando que sólo puede ser presidente de la nación el candidato que consiga más del 50% de los votos en la primera vuelta, y en la segunda vuelta concurrirán los dos candidatos más votados, según recoge el artículo 61. Hamid Karzai se quedó a unas décimas, con el 49,67% de los sufragios, pero como posteriormente se reconoció con un porcentaje elevado de fraude.
Precisamente, esta es la razón principal que esgrimía Abdulá Abdulá, el rival de Karzai en la segunda vuelta, para retirarse de la carrera electoral. El fraude electoral presidió el proceso. Tampoco ha quedado claro el porcentaje de fraude, pues según las cifras ofrecidas por la Comisión Independiente Electoral, a la que se cuestiona precisamente la independencia puesto que sus miembros fueron nombrados por el presidente de la nación y a la vez candidato, no supondría ni el 1% de los votos escrutados a favor de Karzai. Sin embargo otras organizaciones de observadores internacionales no son tan benevolentes en sus apreciaciones.
La comparecencia de 3 de noviembre de 2009 de Karzai y dos de los principales señores de la guerra –Mohammad Qasim y Karim Jalili, que serán los dos vicepresidentes de la nación- ante los medios de comunicación, una vez finalizado el proceso electoral, ha servido para renovar el voto de confianza de algunos actores de la comunidad internacional, una vez que se mostró dispuesto a que el nuevo ejecutivo tendrá como objetivo prioritario la lucha contra la corrupción, aunque sigue siendo una incógnita la dirección que tomará en términos de gobernabilidad y sociedad civil. Sin embargo, en Afganistán el escepticismo entre la población continúa creciendo y sus declaraciones no convencieron puesto que es un discurso demasiado conocido y falto de credibilidad. Incluso manifestó su intención de crear un gobierno de unidad en el que pudieran participar tanto los talibán -que rechazaron inmediatamente la propuesta- como, sin nombrarlo a Abdulá Abdulá.
MÁXIMA TENSIÓN EN EL ENTORNO REGIONAL
La escalada de tensión que se está viviendo en la región, con una violencia que en las últimas semanas se está multiplicando hasta límites prácticamente insostenibles afecta también a Afganistán.
En Pakistán, tras una cadena de atentados perpetrados en diferentes puntos del país en un breve lapso de tiempo por los talibán pakistaníes -cuyas conexiones con la red al Qaeda no hacen más que consolidarse y se dirigen cada vez más contra las fuerzas de seguridad del Estado-, y que se han cobrado la vida de unas 300 personas, el Ejército ha emprendido la operación «Camino a la Salvación» en la agencia tribal de Waziristán del Sur, germen y bastión del movimiento talibán pakistaní. Islamabad ha enviado a la región a unos 28.000 soldados de
l Ejército, que tendrán que reducir a 10.000 militantes radicales, según cálculos aproximados.
La operación, cuyas consecuencias más visibles son las decenas de miles de refugiados que huyen desesperadamente de la agencia, amenaza con ser harto complicada, dada la orografía jalonada de cadenas montañosas muy escarpadas que, históricamente, la han protegido de múltiples invasiones. A todo ello hemos de añadir el carácter indómito de la tribu de los mehsud, que constituye la mitad de la población de los aproximadamente medio millón de habitantes que viven en Waziristán del Sur. De esta tribu son la mayoría de los radicales integrantes del movimiento talibán pakistaní, como también lo fue el fundador del mismo, Baitullah Mehsud, que murió abatido el pasado agosto por un avión no tripulado estadounidense. Gran cantidad de analistas coinciden en que ese era el momento ideal para lanzar la ofensiva contra los talibán, justo cuando la organización quedaba descabezada y huérfana de su carismático líder. Ahora, el movimiento ha tenido oportunidad de reestructurarse en torno a un nuevo liderazgo: Hakimullah Mehsud.
En Irán, la conflictiva región de Sistán-Baluchistán -que limita con la provincia del Baluchistán pakistaní, y con el sur de Afganistán controlado por los talibán-, ha presenciado cómo un grupo terrorista ha atacado los mismos cimientos de la estructura de seguridad del régimen de los ayatolás: el pasado 18 de octubre, un ataque suicida acababa con la vida de más de una treintena de personas, entre ellos varios miembros de alto rango de la Guardia Revolucionaria. Este atentado se suma a otro de similares características ocurrido en la misma región el pasado mes de mayo frente a una mezquita chií, con varias decenas de muertos y heridos.
El responsable de estos ataques es el grupo suní, Jundollah («Soldados de Dios»), acusado de tener conexiones con la red al Qaeda. La agenda de la organización terrorista prioriza la lucha por los derechos de la minoría suní, ya que desde su óptica considera que son marginados por el régimen de mayoría chií. Sin embargo, en el trasfondo de sus ataques también parece estar el deseo por expandir el control de toda la región de Baluchistán, que les daría el control de una zona prioritaria para el cultivo y tránsito de sustancias narcóticas, con los consiguientes beneficios económicos. Por su parte, Teherán señaló directamente a varias potencias extranjeras (EE. UU., Gran Bretaña), por estar detrás de la masacre.
EL FUTURO INMEDIATO PENDE DE UN HILO
El conjunto de la región se encuentra sumido en la situación más peligrosa y delicada de la historia reciente. Del devenir de las crisis que están teniendo lugar en estos momentos va a depender no sólo la estabilidad del área regional en cuestión, sino el conjunto de la paz mundial, ya que el cóctel de factores que convergen en la región contiene ingredientes altamente inflamables: pobreza, corrupción, instituciones estatales casi inexistentes y, sobre todo, la amalgama de grupos terroristas con agenda internacional y la presencia de arsenales nucleares.
Concretamente, en la región de Baluchistán (que se reparte entre Afganistán, Pakistán e Irán), se hacen visibles varios temas prioritarios para los tres países, en los que los intereses de estos actores son concomitantes, y se enmarcan en la agenda de la comunidad internacional, ofreciendo la oportunidad de caminar de la mano para la resolución de los mismos. A pesar de las divergencias en otros campos (como la cuestión nuclear, que ha enfrentado a Irán con el resto de naciones en los últimos meses), estos argumentos se erigen como la oportunidad de crear un clima de entendimiento basado en intereses compartidos y en beneficios mutuos.
Todos están de acuerdo en que el terrorismo patrocinado por al Qaeda es un factor desestabilizador en el conjunto de la región, que aspira a derribar los gobiernos tanto de Islamabad, como de Teherán y de Kabul. La lucha contra esta estructura radical y las filiales que se expanden en la zona constituye una necesidad imperiosa para todos ellos y es, por tanto, el tema que mayores sinergias puede generar en el área regional, en consonancia con la agenda de las potencias extranjeras presentes en la misma.
El cultivo y tráfico de opio es una cuestión asociada directamente a la anterior: el control y expansión de los recursos proce
dentes de la narcoeconomía otorga a los grupos terroristas que operan en esta región los recursos necesarios para seguir llevando a cabo su espiral de violencia, en un contexto en el que, cada vez más, los terroristas de Jundollah, al Qaeda, los talibán pakistaníes y los afganos se alían entre sí para repartirse el control de todo el área trascendiendo fronteras. Resulta especialmente significativo el contraste entre la facilidad con que estos grupos violentos convergen en alianzas movidos por intereses comunes, y la imposibilidad de los países implicados y la comunidad internacional para ponerse de acuerdo y hacerles frente.
La cuestión de fondo en Afganistán trasciende la mera elección de la presidencia de la nación, aunque sin restarle importancia. El país está sumido en el caos, en el creciente control de los talibán, en el dominio de los señores de la guerra y en la corrupción derivada de la narcoeconomía por un lado, y la estrategia impuesta desde el exterior por la comunidad internacional, por otro.
N. de la R.
Paloma González del Miño es profesora Titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctora en Relaciones Internacionales y autora de numerosos artículos y libros: «Las relaciones entre España y Marruecos. Perspectivas para el siglo XXI» (La Catarata, 2005); «La mujer en el Magreb ante el reto de la democratización» (Ediciones Bellaterra, 2008).
Co-autor de este artículo: Borja Fontalva Cabeza, investigador. Universidad Complutense de Madrid.
Este artículo se publica con la autorización de Safe Democracy.