Oscar Riaño (10/1/2010)
Sin pasar por el Pleno del Congreso, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual se traslada al Senado, con la aprobación, por tanto, a escala reducida y por el procedimiento abreviado que significa el de la Comisión Constitucional. El Gobierno de Zapatero sigue, pues, un atajo para llegar a toda prisa y poner sitio a la Radio y la TV, aunque las grandes cadenas son dóciles.
Ha contado con los votos a favor del Partido Socialista, de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria. El Partido Popular, siguiendo con sus indefiniciones, quedó entre Pinto y Valdemoro al haberse abstenido. Votaron en contra PNV, ERC y también IV-ICV.
La regulación sobre cuotas de Publicidad, limitaciones en horario infantil y otras materias que completan la casuística, tratan de difuminar el núcleo político, que afectará a la libertad de información.
Lo más trascendente, entre las competencias que tendrá un nuevo órgano administrativo, estará en el otorgamiento de licencias y apoyos, así como en la posibilidad de sancionar y hasta clausurar emisoras.
El mismo PSOE que ha venido manteniendo el postulado de que la mejor ley de Prensa es la que no existe, ahora busca legislar para tener en un puño -con rosa roja- a las emisoras de Radio y TV. Más allá de las disposiciones para salvaguardar un orden en el espacio radioeléctrico, con la adjudicación de frecuencias, bastaría la actuación de los tribunales cuando fuere necesario, como ocurre con la Prensa.