Ana Camacho (21/4/2010)
Los admiradores incondicionales del juez Garzón, ya lo advirtieron, allá por Navidades, que iban a por él. ¿Quién? Pues quién va a ser, los fachas, lo más abyecto de nuestro país. Dicho esto, se supone que los votantes del PSOE y de la izquierda en general deberían, como mínimo, estar alerta contra cualquiera que no ponga los ojos en blanco con la «valiente y continuada» labor del superjuez a favor de los derechos humanos y cerrar filas contra el enemigo en defensa de uno de los suyos. ¿Pero es que a Garzón se lo van a cargar por ser un rojo y un progresista?
El propio superjuez ha dicho que es víctima de una persecución despiadada urdida desde el PP para, aprovechando las complejidades de toda causa que intente condenar los crímenes del franquismo, acabar con su carrera para que no siga urgando en el escándalo Gürtel que tanto daño le ha hecho ya a Rajoy.
Los Manuel Chaves y las Leire Pajín le han venido a dar la razón uniéndose al coro de los que dicen que, en realidad, lo que persigue la larga mano negra que se empeña en sentar en el banquillo al hombre que se atrevió a hacer lo que otros no habían hecho, es garantizar la impunidad del franquismo y acabar de una vez con esa Justicia Universal que se ha propuesto perseguir desde la Audiencia Nacional el genocidio y las violaciones de los derechos humanos, cometidas por dictadores, terroristas corruptos y enemigos de la democracia allá donde las víctimas no pueden contar con la justicia de su propio país. No es fácil no verlo así, cuando las acusaciones contra Garzón han prosperado gracias a las denuncias de organizaciones de nomenclatura ultraderechista.
Todo parece encajar, aunque la verdad, si la Justicia Universal corre el riesgo de ser erradicada, no será por la desaparición de la escena del superjuez, sino por esa reforma de la Ley que el ministro Moratinos le prometió al Gobierno de Israel para evitar los procesos abiertos en la Audiencia Nacional en su contra, por los bombardeos en Gaza de 2002. Y, evidentemente, no fue una ocurrencia que se le escapó a Moratinos después de que su colega Tzipi Livni le apretase las tuercas amenazando con nubarrones muy negros en las relaciones bilaterales. Ahí están el PSOE y el PP discutiendo entre los dos con la armonía y entendimiento que tienen en ciertos temas (a pesar de la batalla de las dos Españas), decidiendo cómo van a limitar el principio de Justicia Universal.
En cualquier caso, la aplicación de la Justicia Universal presenta serios problemas. Garzón, por ejemplo, no ha seguido el mismo rumbo con el que ha intentado dar digna sepultura a los muertos del franquismo, con las víctimas de los paseillos republicanos. De la misma forma en que esa firmeza que enarboló en su histórico duelo judicial con los lores ingleses para extraditar a Pinochet y sentarlo en el banquillo por los crímenes que cometió su régimen dictatorial, pierde fuelle cuando toca hacer cuentas con las víctimas del régimen castrista en Cuba. Pero eso quizás, sea precisamente la prueba definitiva y suprema de que Garzón es un izquierdista y por eso es ahora víctima de una caza de brujas desencadenada por la derechona.
Si
n embargo, ahí tenemos una causa muy de la izquierda como es la saharaui, con cientos de torturados, asesinados y desaparecidos y Garzón, mientras hacía lo posible por sentar en el banquillo a los criminales de las dictaturas militares en Chile y Agentina, archivó la querella contra el rey Hassán II planteada por el abogado Francisco Fernández Goberna que hubiese permitido hacer justicia al pueblo saharaui. Y fue muy poco progre que emplease contra Fernández Goberna los mismos argumentos que los abogados defensores de Pinochet habían utilizado en su contra.
Para justificarse por este feo doble rasero, Garzón fue contando que no podía ir contra el rey Hassán II porque, aunque su régimen no era precisamente una democracia, se trataba de un jefe de estado todavía en activo. Ese detalle, por lo tanto, convertía el caso Hassán II en un asunto muy distinto al que él había llevado contra Pinochet que en los noventa llevaba un buen rato siendo un ex dictador y, por tanto, había perdido la inmunidad de jefe de estado.
El mismo argumento sirvió para que Garzón archivase otra querella contra Obiang por asesino y narcotraficante interpuesta también por Fernández Goberna. Cabe la duda de que el progresismo de Garzón se echase para atrás ante el hecho de que, en esta ocasión, el abogado actuaba como letrado del opositor guineano Severo Moto, líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, miembro de la misma internacional demócrata cristiana a la que pertenece el PP y, por lo tanto, sospechoso de ser afín al enemigo fascista.
Fue una pena, en todo caso, que ni con Hassán II ni con el cleptócrata Obiang demostrase la misma determinación que lució contra el italiano Silvio Berlusconi, al que intentó juzgar por el caso Telecinco a pesar de gozar de inmunidad como europarlamentario. Pero Garzón ahí no se lo pensó y pidió al Consejo de Europa que levantasen esa inmunidad a su diputado para que él pudiese hacer justicia. No es de extrañar que los abogados de Berlusconi esgrimiesen el archivo de las querellas contra Hassán II y Obiang (además de la impunidad del castrismo cubano) para exigir lo mismo para su cliente. (La causa contra Berlusconi, por cierto, acabó siendo sobreseída tras diez años de batalla judicial).
Ot
ro detalle poco progresista de las andanzas de Garzón: vale, Hassán II fue rey hasta que murió, jefe de estado con inmunidad. Pero aún así no queda claro por qué el héroe de los débiles, no aprovechó que en esa querella en la que junto al rey de Marruecos también se acusaban por los delitos de lesa humanidad a otros antiguos responsables del régimen. A ellos también los dejó irse de rositas porque, como dice Fernández Goberna, le aplicó la inmunidad «hasta al portero de la finca».
Es cierto que en 2007, coincidiendo con el delicado momento de la primera visita del rey Juan Carlos y la reina Sofía a Ceuta y Melilla, Garzón anunció que, por fin, había encontrado modo de abrirse paso con las violaciones de los derechos humanos cometidas en Marruecos contra el pueblo saharaui y admitió una querella que denunciaba el genocidio iniciado por los alauitas con la invasión del Sáhara en 1975.
En el entorno prosaharaui se dijo entonces con optimismo que, esta vez, iba la vencida, que lo que había ocurrido en 1998 es que el abogado que había elaborado la denuncia (Fernández Goberna) no lo había hecho bien. Pero, desde entonces, el caso ha ido a paso de tortuga. El juez sólo volvió a anunciar nuevos fuegos artificiales (porque en eso quedaron) coincidiendo con la huelga de hambre de Aminetu Haidar en Lanzarote, con esa oportunidad que suele tener él con Marruecos de aparecer cuando conviene apretarle las tuercas a los alauitas. Pero, entre esos dos momentos de esperanza, Garzón, además de deshacerse en halagos con el sistema judicial marroquí, admitió una querella contra el Frente Polisario por supuesta violación de derechos humanos.
Garzón debió de pensar que así salvaguardaba su «objetividad» y equidistancia, como diría Moratinos, entre los dos bandos en conflicto. Puso así el líder de la Justicia Universal en la misma balanza a agresores y agredidos y, en lugar de contribuir al respeto del art. 73 de la Carta de la ONU (el que nos obliga a los españoles a defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui), dio apoyo a los que intentan deslegitimar al movimiento de liberación saharaui como representante del pueblo saharaui en esa batalla. Algo que, sin duda, habrá llenado de felicidad a los Gustavos de Arísteguis que intentan convertir el derecho a la autodeterminación del Sáhara, igual que hicieron los franquistas de los acuerdos de Madrid, en un asunto de izquierdistas y progres trasnochados.
N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Ana Camacho, periodista, activista intelectual y física, de los derechos humanos, que también se puede leer en su blog enarenasmovedizas.