espacioseuropeos.com (20/6/2010)
Greenpeace, Tierra de Campos, Ecologistas en Acción y Congosto de Valdavia, así como otras plataformas ecologistas han recogido varios miles de firmas en contra de la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la comunidad de Castilla y León. El destino de estas firmas es que sean entregadas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que así se pueda oponer a la ubicación de un cementerio nuclear en esta comunidad.
Rodrigo Marcos, responsable de Greempeace en la zona, ha sido el encargado de la recogida de firmas, hoy en Valladolid y ayer en Palencia. Marcos informó a los medios de comunicación que están a la espera de que el ministerio se pronuncie sobre la ubicación definitiva del cementerio nuclear: «la instalación de un cementerio nuclear en Castilla y León es incompatible con todos los esfuerzos desarrollados por la Comunidad para potenciar el turismo rural, patrimonial y artístico, así como el sector de la agroalimentación», comentó.
Las plataformas que se oponen a la ubicación de un ATC en Castilla y León han pedido, asimismo, la retirada inmediata de las candidaturas de los pueblos de Congosto de Valdavia, Santervás de Campos, Melgar de Arriba y Zarra.
En algunos casos, se violan las normas urbanísticas municipales y en otros, algunos concejales «partidarios al cementerio nuclear están ofreciendo sus propios terrenos para ubicar en ellos la instalación, al mismo tiempo que se aseguran una remuneración tres veces superior a lo que establece el mercado por ese suelo rústico», informa Greempeace.
Los grupos ecologistas critican al ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián, por su errónea política en la búsqueda de un lugar para el ATC, ya que no «sólo ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005), sino que ha fomentado la falta de transparencia y la desinformación y ha ignorado el amplio rechazo social, territorial y político al proyecto, además de que al tentar a los alcaldes con dinero público, estimula comportamientos ilegales y la especulación urbanística».