España
Carlos Ruiz Miguel (11/7/2010)
El bipartito impulsó la elaboración de un nuevo Estatuto gallego en 2006. En su momento, el PP cometió el error de sumarse a esa iniciativa. Afortunadamente, un tiempo después, el PP se desmarcó de aquella operación que no buscaba sino cómplices para la «operación Estatuto catalán». La reciente sentencia del TC sobre el nuevo Estatuto catalán y la situación económica actual de España nos invitan a reflexionar, no sólo para juzgar aquella operación intentada en Galicia, sino para prevenirnos de lo que puede intentarse en el futuro.
La sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es una mala sentencia para un mal Estatuto. Pero independientemente de que, en mi opinión (y a la vista exclusivamente del fallo, que es lo que se ha hecho público), esa sentencia no contribuye a la claridad y a la seguridad del sistema político hay algunas conclusiones que sí se pueden extraer. La primera es que las propuestas de Estatuto que se hicieron desde ámbitos cercanos al PSOE de Galicia y al BNG, ha quedado claro que eran inconstitucionales. Si lo que se buscaba era un «Estatuto de nación» está claro que eso no es conforme con la Constitución. La segunda es que el borrador que presentaba la Xunta también contenía aspectos inconstitucionales. No es extraño siendo el inspirador de ese borrador el actual ministro de Justicia, el mismo que contribuyó a la redacción del texto catalán. Tenemos que destacar que, a la vista del fallo del TC el nuevo Estatuto catalán ha sido declarado en una parte esencial como inconstitucional y en otra parte importante como necesitado de una interpretación correctora.
La consecuencia evidente, a la luz de los hechos, es que aquel intento de «reforma» estatutaria en Galicia, siguiendo el modelo catalán, que emprendió el bipartito fue un error. Que el PP al sumarse inicialmente a esa «reforma» se equivocó y que el PP acertó al descolgarse de la dicha «reforma».
Eso es el pasado. ¿Y qué decir para el futuro?
Para el futuro conviene tener en cuenta algunos datos. El nuevo Estatuto catalán lleva en vigor cuatro años y parece relevante a la hora de juzgar la situación actual de Cataluña. Y la situación actual de esa región es que es la comunidad autónoma más endeudada de España: ¡25.000 millones de euros! (más del 25% del total de la deuda autonómica), y que el Producto Interior Bruto de la región catalana ha bajado más que el del resto de las comunidades autónomas.
A la luz de estos datos hay una conclusión que es evidente por sí misma: el tener un nuevo Estatuto de autonomía, con más competencias, con más órganos autonómicos, no sólo no garantiza más prosperidad sino que hay razones para sostener que produce mayor pobreza.
Emitida la sentencia del TC, el medio que más descaradamente promociona al actual ministro de justicia vuelve a la carga y dice que Feijoo no tiene ahora «excusa» para no promover una «reforma» estatutaria.
Lo que hará Feijoo no lo sé. Lo que está claro, sin embargo, es lo que no debería hacer.
NOTA:
Este artículo fue originalmente publicado en el diario ABC, edición de Galicia, el día 2 de julio de 2010. Nosotros lo publicamos con la autorización de su autor, Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, que también pueden ver en desdeelatlantico.