Sáhara Occidental
espacioseuropeos.com (28/11/2010)
Ayer viernes se supo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España considera que el desmantelamiento del campamento Agdaym Izik (Campamento Dignidad), en las proximidades de El Aaiún «podría constituir un delito de lesa humanidad, con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro», de acuerdo con el contenido del escrito, recogido ayer por el diario El País.
La Fiscalía hace hincapié en que la única víctima reconocida por Marruecos es española, Babi Hamday Buyema, para «justificar la competencia de los tribunales españoles, aunque pide al juez Ismael Moreno que pregunte al país alauí si ha abierto una investigación para esclarecer los hechos». Con este escrito la Fiscalía abre la posibilidad de que la Audiencia Nacional «pueda declararse competente para investigar los hechos ocurridos en El Aaiún en virtud de la normativa sobre jurisdicción universal española».
Hay que recordar que la Liga Española pro Derechos Humanos y familiares del español muerto en los incidentes acaecidos durante el desalojo, se habían dirigido a la Audiencia Nacional denunciando los hechos violentos ocurridos durante el desmantelamiento del campamento y días posteriores.
Algunas de las consideraciones que hace la Fiscalía se refieren a los lazos históricos que unen al pueblo saharaui y España, que permiten «afirmar en este momento, y sin perjuicio de una ulterior información más completa, que los hechos podrían tener naturaleza delictiva en los términos expresados», así como que la actuación de las fuerzas de seguridad de Marruecos se dirigen «contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico a los efectos indicados».
Nos parece la alusión de la Fiscalía a la ONU, de la que afirma que este organismo internacional «considera a España potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara occidental, al declarar contrarios al derecho internacional los acuerdos de Madrid celebrados en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania en los que se nombraron potencias administradoras a estos dos últimos».