Sin Acritud…
Cordura (19/12/2010)
Sabemos que algo se mueve ávida y frenéticamente por detrás de la cortina de humo, pero ignoramos qué es con exactitud. No obstante, podemos intuir cosas. Por ejemplo que, aun habiéndolos, no se trata sólo de movimientos electoreros. Que pueden existir implicaciones para el régimen político español, pero que -en este mundo global que niega soberanía a los estados- debe haber sobre todo motivaciones sistémicas que además trascienden lo económico.
«El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración».
(Artículo 116.2 de la Constitución Española)
¿Nueva ilegalidad?
Había dudas sobre si el gobierno se atrevería a prorrogar la militarización. Más bien la lógica aconsejaba no consumar el primer plazo. A la hora de la verdad, lo ha hecho y por un mes, en vez de quince días, que es lo que parecería desprenderse de la lectura obvia y del espíritu del texto constitucional. Al gobierno de Rubalcaba sigue sin temblarle el pulso. Y se ensaña contra un colectivo en medio de la pasividad general.
Descartemos, pese a ciertas apariencias, que se trate de las últimas embestidas de un borracho tambaleante justo antes de caerse redondo al suelo.
Es, pues, dudoso que la prórroga respete la Constitución. La Ley Orgánica correspondiente afirma que el estado excepcional «se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga». La pregunta es si el «alcance» no alude más bien al «ámbito territorial» del que habla la Constitución. Lo razonable es pensar que la prórroga de un estado excepcional no debe superar la duración del primer periodo, salvo, quizá, si a lo largo de éste el problema en cuestión se ha recrudecido. Pero no ha sido así, pues ya el 6 de diciembre AENA, instancia oficial, declaró que reinaba una absoluta normalidad en los centros de control, y desde entonces -transcurridos doce días- no ha habido el menor indicio de empeoramiento. El propio Rubalcaba, presidente del gobierno de facto, había anunciado el día 4 que los aeropuertos recuperarían la normalidad en 48 horas.
[Título del libro de la viñeta: «Uso legal de la fuerza»]
Todo esto sería sólo un jalón más de un proceso de violaciones, en letra y/o espíritu, del ordenamiento jurídico español. Irregularidades ya presentes en el decreto alarmista inicial y en las consecuencias legales (?) que pretenden derivarse de los hechos objeto de alarma.
Una prórroga innecesaria y abusiva
El buen sentido sugiere pensar que la prórroga es, además, completamente innecesaria para los fines oficialmente invocados. Los controladores se «cuadraron» en cuanto sintieron la bota militar sobre sus cabezas y desde entonces han pedido disculpas por el plante e incluso han entregado al Congreso una carta amplísimamente suscrita por su personal en la que se comprometen a no repetirlo.
El decreto que prorroga el estado de alarma afirma, de manera sospechosamente vaga (no explica ni fundamenta sus asertos), que «aún hoy no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad anteriores» porque la organización del espacio aéreo ha sido «radicalmente alterada», lo que «exigirá todavía durante semanas [sic], un esfuerzo considerable». Añade que «la consideración de los hechos acaecidos, el conjunto de tareas que han de seguir abordándose para asegurar la consolidación de la normalidad en el servicio público del transporte aéreo y la alarma social experimentada y aún viva en el conjunto de los ciudadanos, impiden que se pueda dar ya por superada la crisis desencadenada en los días pasados». Lo único serio de esta retórica frase sería la segunda parte, pero la pregunta inmediata es qué «tareas han de seguir abordándose» y qué «esfuerzo considerable» se ha de aplicar a fines de esa «normalidad», que a todas luces parece ya obtenida. En cuanto a la «alarma social» y otras expresiones con las que el gobierno se erige en intérprete del «conjunto de la ciudadanía», cuesta creer que con la repercusión pública del golpe militarizador quede un solo español -mínimamente enterado de la historia- que tema una repetición del plante laboral, no ya en un mes ni en muchos, sino en años.
En el fondo, la nueva palabrería decretal parece esconder una lógica meramente preventiva (así lo ha denunciado alguna minoría política). Eso tampoco cuenta con el aval de la legislación, pero ya hemos señalado que además el sentido común no aconseja semejantes temores. Todo indica que el abuso iniciado el día 4 no ha hecho sino profundizarse.
Los motivos reales
En vista de una razones tan poco creíbles y de un proceso plagado de irregularidades desde el principio, hay que preguntarse por los motivos reales de toda esta historia. Descartemos, pese a ciertas apariencias, que se trate de las últimas embestidas de un borracho tambaleante justo antes de caerse redondo al suelo. En vez de ello, hay que partir de que hubo una provocación del gobierno en cuyo anzuelo mordieron los controladores. [Recordemos la oportunidad del decreto del día 3 por el que, además de privatizarse un gran porcentaje de AENA, se apretaban aún más las tuercas a un colectivo que ya se sentía muy acosado (con nuevas disposiciones que excluían de la jornada laboral bajas, permisos de maternidad, formación, revisiones médicas, horas sindicales, y todo ello, además, con carácter retroactivo, lo que implicaba que de repente los controladores pasaban a deber a la empresa un montón de horas).]
Sobre esa base, indaguemos brevemente en las verdaderas motivaciones del golpe militarizador:
1. Maniobra electorera. Este motivo no es desdeñable. Estamos ante el gobierno de imagen más débil y vacilante de los últimos 35 años (con la posible excepción de los postreros gabinetes de Adolfo Suárez). La ciudadanía no puede votar mayoritariamente a un partido que ofrece una imagen así. Con unas expectativas electorales por los suelos, el PSOE necesitaba golpes de efecto. El que nos ocupa sería (sólo) el primero. Serviría de paso para lanzar a un nuevo candidato electoral de ese partido, habida cuenta de que Rodríguez Zapatero parece ya no sólo «amortizado» sino una rémora para su propia formación política.
Pero esta motivación no puede bastar (salvo que los golpes de efecto que aún llegasen constituyeran verdaderas bazas para ese partido, bien conocido por su habilidad propagandística y maniobrera).
2. ¿Cambios en el régimen? Tampoco es enteramente descartable una motivación de este tipo. Diversos indicios, sobre todo en los últimos meses, quizá reflejen movimientos en esa dirección. Así, la entrega al rey de un documento titulado «Transforma España», muy crítico con el gobierno y avalado por relevantes empresarios y otras personalidades, que exigía la adopción de cambios estructurales urgentes en la economía española. La posterior recepción del presidente del gobierno a un buen número de grandes empresarios (es inevitable ver relación entre ambos hechos), ante quienes se comprometió a acelerar las «reformas». La ausencia, días después, de Zapatero en la Cumbre Iberoamericana, que quizá tenga más significación que garantizar su presencia (pasiva, recuérdese) durante la crisis de los controladores. La pérdida de credibilidad, cada vez más admitida, del estado de las autonomías, acusadas de despilfarro y solapamiento de competencias con las estatales (ver 1 y 2). No se olvide tampoco el definitivo declive de ETA, banda criminal derrotada sobre todo por la obsolescencia, y que tantas veces ha servido de coartada al régimen. Y de fondo, la enfermedad del monarca, que lógicamente lleva a pensar en la sucesión; pero todo proceso de este tipo acarrea riesgos, máxime en medio de la aguda crisis económica presente.
En este contexto, que quizá preludia una creciente inestabilidad, el recurso a una imagen fuerte como la del ejército «resolviendo» un conflicto sociolaboral podría servir para que los españoles acepten con mayor naturalidad ese tipo de medidas en momentos aún más decisivos para el régimen. El refrendo parlamentario al golpe militarizador (incluido el apoyo del PP, de manera más o menos entusiasta) podría abonar la hipótesis de esta segunda motivación, aunque ta
mbién la de la siguiente.
Pero en un mundo globalizado, en el que la soberanía de los estados ya no es lo que fuera, un análisis en términos de régimen político interno necesariamente se queda corto…
3. Exigencias sistémicas. Desde mayo pasado, los mercados financieros dictan sin pudor al gobierno español lo que tiene que hacer. Cada cesión hecha a aquéllos no es más que un estímulo para que exijan una nueva tajada. Con la complicidad de otros gobiernos e instituciones (incluidas tanto la Unión Europea como su Banco Central) y la cruel intervención de renombrados periódicos y agencias calificadoras, se adueñan aceleradamente del espacio económico hispano. La privatización de AENA, sin perjuicio de beneficiar también a muchos empresarios españoles, sería parte de esa contrarreforma socioeconómica y laboral impuesta por los enemigos del Estado del Bienestar.
Pero las exigencias sistémicas no se quedan ahí. Van más allá del ámbito económico, por suculento que sea este bocado para los rectores del Sistema. Resulta imprescindible acordarse de la deriva autoritaria que, más o menos subrepticiamente, viene cuajando en el mundo sobre todo desde el 11-S. Es parte de un plan para reprimir las revueltas sociales y disidencias crecientes que sin duda, y pese a la penosa pasividad reinante, acabarán estallando por causa de la dictadura de los mercados. Pero desborda ese ámbito porque obedece a un programa de hegemonía global guiado por la voluntad de poder no sólo de magnates económicos, sino también políticos y religiosos (o más bien, político-religiosos).
Rubalcaba, ese viejo «maquiavelo», parece el hombre perfecto para servir a esos intereses sistémicos. Recuérdese su habilidad para tapar el caso GAL durante el felipismo, o su inteligente agit-prop durante las jornadas preelectorales subsiguientes al 11-M, o su «Identifícate» (si quieres conservar tu móvil con tarjeta…), o su DNI electrónico, o su entrega a la unificación de las políticas «antiterroristas» marcadas por el Imperio, o su aún calentita receta electrónica con «muchísimas ventajas» para los usuarios… No olvidemos, a fin de cuentas, que es el mismo personaje que osó decir «Yo sé todo sobre todos».
Al margen de que vaya a ser o no candidato del PSOE a las próximas elecciones, o de que se cuente con él para «remendar» el régimen o para algo más drástico, no cabe duda de que el policíaco y militarizador Rubalcaba es un eficaz valedor del totalitarismo emergente. Cosa que los controladores -a día de hoy, de modo más contundente que nadie- están teniendo ocasión de comprobar. El golpe contra ellos sería entonces un «aviso a navegantes» (léase activistas «contumaces» y todo tipo de disidentes), aunque a la vez una maniobra para distraer la atención de las medidas privatizadoras y antisociales.
Con semejante panorama, nada inverosímil, no es raro que haya quienes propongan ya de manera abierta la desobediencia civil.
Por nuestra parte, sin rechazar tan interesante iniciativa, creemos que ya son demasiados los signos que nos invitan a volvernos hacia la fe. Una fe eficaz. Capaz de asegurarnos que un día alguien se hará cargo de tanto abuso y tanto abusador.
N. de la R:
Este artículo se publica con la autorización de El blog de cordura.