España
espacioseuropeos.com (20/1/2011)artur-mas
El Gobierno de España y la Generalitat de Catalulña se niegan de facto a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que insta a reformar el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, por ser incompatible con los derechos de los ciudadanos.

Antes de la investidura de Artur Mas, CiU y PSC pactaron la imposición lingüística y el desacato a la sentencia del Supremo. Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la generalitat, jerarca sucesorio en CiU y en las instituciones catalanas, se ha declarado en más de una ocasión partidario de desoír esa sentencia.

La decisión del TSJ se basa en tres sentencias que responden a las denuncias de un grupo de padres, cuyos hijos se vieron privados del derecho de poder estudiar en el idioma  español. Los denunciantes reclamaban que el castellano fuera «reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria» -según la demanda-, a la vez que pedían que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación emitidas por los centros educativos e instituciones fueran hechas también en castellano, de acuerdo al principio de «cooficialidad» de ambas lenguas.

La sentencia reconoce el derecho a que «la lengua castellana sea reintroducida como lengua vehicular, de forma proporcional y equitativa, en relación al catalán, en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria». Asimismo, el TSJ reconoce el derecho de los padres -cuando lo soliciten-, a recibir en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación que remita el centro escolar.

La sentencia también afirma que «reducir el castellano a  una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular, daría lugar a la inconstitucionalidad del Estatuto y de sus normas de desarrollo en materia de enseñanza».

Por su parte, el gobierno de la Generalitat afirma que las sentencias no obligan a cambiar el modelo actual, opinión que comparten la mayoría de los partidos políticos catalanes. Para todos ellos el actual modelo educativo no debe «tocarse», y que la inmersión lingüística ha de continuar.