España
espacioseuropeos.com (20/9/2011)
La Comisión Ejecutiva Nacional del SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha emitido un comunicado, titulado «Hay que investigar, descubrir a los culpables e impartir justicia», en referencia al denominado «caso Faisán», en el que entre otras cosas afirma que «Con motivo de la reunión que esta tarde celebran los magistrados de la Audiencia Nacional, en orden a determinar si el hecho que se investiga en el conocido como «caso Faisán» puede ser considerado o no colaboración con banda armada queremos manifestar lo siguiente».
Entre esas consideraciones el SUP afirma que «El sumario del «chivatazo» suma un cúmulo de irregularidades (que ya hemos señalado en escritos anteriores), de los que son responsables los tres jueces que lo han instruido (Garzón, Grande–Marlaska y Ruz), y los miembros del equipo de investigación policial encargado del esclarecimiento de los hechos».
Otro punto se refiere a «Si la investigación del GAL hubiese sido encomendada a José Amedo y Michel Domínguez posiblemente el resultado de los juicios posteriores hubiesen sido distintos, y, o bien no se hubiesen identificado a los responsables de dichos actos corruptos y mafiosos, o se habría señalado a personas inocentes. En el caso que nos ocupa, respetando y presumiendo la mayor profesionalidad en los policías actuantes en la investigación, es evidente que ellos son miembros de la lucha antiterroristas, que estaban desplegados sobre el terreno, y que como miembros de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información, podían encontrarse con conflictos profesionales de intereses que hubieran aconsejado que la investigación hubiese sido dirigida por personas de otra unidad del CNP, que podían haber realizado las investigaciones al mismo tiempo que las que realizaba la unidad de la Guardia civil, apartada del caso sin que conozcamos las razones que existieron para ello».
El SUP finaliza su comunicado así: «Es legítima la estrategia de defensa de los imputados planteando la nulidad del proceso por no existir el original de la grabación realizada en el coche de Elosua, si bien para nosotros, más allá de la satisfacción que nos produce por considerar inocentes a los dos policías imputados, supone que seguirán sin ser identificados, detenidos y enjuiciados los culpables del «chivatazo» a ETA. Quienes llevaron a cabo dicha acción son malos profesionales y no saben ser policías en democracia. Por ello pedimos hoy al Gobierno, y repetiremos la petición al que resulte elegido tras las elecciones del 20-N, que diga públicamente a todos los policías, de todas las escalas, que no hay atajos en el cumplimiento de la ley y que cualquier policía que reciba una orden ilegal de un responsable político debe proceder inmediatamente a denunciarlo. Y también que garantice protección legal a quien, habiendo cumplido órdenes ilegales en el pasado con Gobiernos del PSOE o del PP, decida denunciarlo desde hoy. El director general de la Policía y la Guardia Civil haría bien en dar esta orden escrita para alejar cualquier duda sobre qué quieren nuestros mandos políticos de la Policía».