España
Diego Camacho (21/10/2011)
Un juez de Palma de Mallorca y la Fiscalía Anticorrupción no tienen claro el destino final de los 2,4 millones de euros que pagó el gobierno balear al Instituto Nóos, durante los años 2005 y 2006, por dos ciclos de conferencias de dos días y medio de duración cada uno. Iñaki Urdangarin era Presidente de la entidad.
Jueces y fiscales advierten indicios de malversación de caudales públicos y coinciden en que el duque de Palma y sus socios desviaron parte del dinero mediante una red de sociedades controladas por ellos o su entorno directo. También se han detectado pagos de cientos de miles de euros a profesores de ESADE y los 300.000 euros pagados por la SGAE.
El daño que ha hecho el duque consorte a la Corona no será tan grande como el que hizo el príncipe Bernardo de Holanda al reino de los Países Bajos, lleva menos tiempo, pero ha sido notable. No es de recibo, menos en situación de crisis, que un miembro de la Casa Real sea sospechoso de malversar, desviar fondos o falsear facturas cuando su vida material y social constituye un verdadero chollo.
Sorprende y alarma que el juez esté pensando en citar a los socios del principal responsable y no a él. Esperemos que por una vez funcione el sentido de responsabilidad y si los cita, haga lo propio con el duque. La Constitución española sólo exime de responsabilidad penal al Jefe del Estado no a su entorno, por próximo que esté.
Urdangarin, flamante campeón olímpico de balonmano, cuando se casa con la infanta Cristina no se encuentra en Zarzuela un clima escrupuloso en lo que se refiere a la aceptación de regalos varios, manejo de influencias, uso de sponsors y utilización de comisiones en venta de armamento. Es evidente, que no es una causa eximente ni siquiera atenuante, ya era mayorcito para darse cuenta de que aquello que no estaba bien pero el clima existente era el que era y siempre es más fácil seguir la corriente que oponerse a ella. La tragedia de nuestro campeón ha sido tratar de emular a su suegro sin contar con las garantías constitucionales que tiene el Rey, que es el único que en España tiene legalmente el privilegio de la irresponsabilidad política y penal. Aunque a muchos, que un día apoyamos la monarquía parlamentaria, nos hubiera gustado que el Jefe del Estado no hubiera tenido nunca necesidad de utilizar ese privilegio.
N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).