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espacioseuropeos (25/6/2014)
No ha sido una sorpresa, aunque si ha causado revuelo la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hija de los reyes de España Juan Carlos y Sofia, y hermana del rey Felipe VI. El juez José Castro, titular del juzgado número 3 de Palma de Mallorca, ha hecho público hoy la imputación de la infanta, cerrando así la investigación que comenzó hace cuatro años sobre el ‘caso Noos’.

La Infanta Cristina está acusada por un delito fiscal y por blanqueo de capitales, y será juzgada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. El auto del juez Castro considera que el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, debe ser juzgado por seis delitos. Sin embargo ha llamado la atención que haya sido exculpado Carlos García-Revenga, secretario personal de la infanta, que también estaba imputado desde el año 2013.

Como era de suponer, la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir este auto al considerar que “no existen indicios de delito”.

El juez responsabiliza a Cristina de un delito contra la Hacienda pública, al ser cooperadora de los “dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin”, a través de la empresa ‘Aizoon’, sociedad en la que figuran como socios el matrimonio al 50%.

En el auto se les acusa de “blanqueo de capitales”, dinero obtenido de “forma irregular”, a través del ‘Instituto Nóos’. Parte de ese dinero obtenido fraudulentamente fue gastado para acometer reformas del palacete de Pedralbes, comprar cuadros y otras obras de arte, clases de baile, ropa, viajes y fiestas de cumpleaños de sus hijos.

Para el juez Castro, la infanta Cristina “colaboró activamente” con su esposo en las “irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon».

En el mismo auto figuran también como imputados, Diego Torres, socio de Urdangarin, al que se le imputan varios delitos; la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y al ex presidente de la comunidad autónoma de Baleares, Jaume Matas, que fue ministro en uno de los gobiernos de José María Aznar. Tanto Torres como Urdangarin están acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental, fraude a la Administración Pública y dos delitos fiscales.

La imputación a la infanta ha sido acogida en Zarzuela como algo esperado –uno de los motivos de la abdicación de Juan Carlos-, sin entrar en valoraciones. Pero no hay duda que el caso va a ser una pesada losa que la monarquía va a tener que soportar durante mucho tiempo.