España
Diego Camacho (11/12/2011)
El afán de enriquecimiento experimentado por demasiados políticos, gracias al presupuesto o a las dádivas a cambio de favores, unido a la pillería «sin ánimo de lucro» de un duque llevan a España por el camino de repetir otra vez su historia. Me refiero a los días previos al destronamiento de Isabel II y que Valle Inclán reflejó magistralmente en su obra «La Corte de los milagros».
Todos los días nos bombardean con noticias de la crisis financiera, la falta de liquidez, el paro, la prima de riesgo y un largo etcétera. Mientras, como si nada, nos enteramos que a fulano que ha estafado desde un banco es indultado de la cárcel por el Consejo de Ministros o mengana que habiendo hundido la entidad financiera que dirigía se ha auto indemnizado con millones de euros por su mala gestión. Como telón de fondo de este vodevil sin gracia vemos: a un ministro que recorre gasolineras o a otro que mete a su hija preferida en aguas tiñosas, a un ex que contempla trajes de Cortefiel con arrobo o a otro que ni siquiera sabe las casas que tiene aunque eso sí ha conseguido aficionar a su hijo a la equitación dotándole de una numerosa cuadra de PRE (pura raza española) y que, como con las casas, tampoco sabe muy bien cómo ha surgido.
Los Jefes del PP y PSOE son los responsables políticos en terminar con la corrupción y sacar de la política a todo aquel/la que al ver una mañana su plaza de garaje ocupada por un Jaguar desconocido no obligue al autor a dejarle vacío otra vez su sitio.
Si se inicia una política consensuada para terminar con la corrupción y se obliga a los sinvergüenzas a devolver el dinero ilícitamente conseguido, a cambio de una reducción de condena, empezaríamos a gozar de mucha mayor liquidez. Tampoco entrarían muchos en la trena una vez que se supiera que la cosa iba en serio y que la impunidad había terminado.
Más grave y preocupante es la concepción que parece se tiene en la Casa Real del «sin ánimo de lucro» del que dio un adelanto Pilar Urbano en su biografía sobre la Reina, cuando con toda la naturalidad venía a considerar a España como un derecho patrimonial de la Corona. Para empezar la soberanía no es un derecho de herencia sino que pertenece al pueblo español, el cual se ha dotado de una Constitución, que es de donde emana la Jefatura del Estado, no al revés.
Ha sido descorazonador comprobar como la Casa Real ha dado un paso adelante y dos atrás, como si quisiera pulsar cual es la mínima concesión necesaria para limitar daños. El tema de fondo es que los duques han actuado de manera delictiva, si no les gusta esta calificación podrían haber actuado de manera diferente, apoyándose en miembros vinculados a la Casa. De los dos, la responsabilidad principal corresponde a la Infanta, cuando uno es el consorte lo es para todo no para que el titular esconda el bulto. En un país donde nadie se arrepiente de nada, reconocer el fallo y devolver lo apropiado indebidamente y pagar una multa por la evasión fiscal puede ser camino de espinas pero también una rectificación valiente y «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». No devolver nada y poner a Urdangarín de cabeza de turco es muy borbónico pero bastante obsceno y al final no iba a servir de nada, el camino se recorrería con doble deshonor.
Para cabezas de turco ya tenemos bastante con Jamal Zougam condenado, por el atentado terrorista del 11 M, con pruebas y testigos de cargo falsos.
N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).