España
espacioseuropeos.com (11/12/2011)
El Tribunal de Cuentas ha «constatado» que muchos de los contratos que el Gobierno de España adjudicó con motivo de la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, se concedieron sin la publicidad con la que habrían de haberse tramitado. A noticia ha sido difundida por la agencia de noticias EFE.
De acuerdo con la misma fuente periodística, la utilización con «carácter general del procedimiento negociado sin publicidad para resolver la adjudicación podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública».
Esos comentarios aparecen en el informe fiscalizador de los gastos «derivados de la presidencia española de la UE», al que EFE -según comenta- ha tenido acceso.
«Es evidente que al actuar así se incumplió la Ley de Contratación del Sector Público. De los 52 contratos que los ministerios de Presidencia y Asuntos Exteriores concedieron para la celebración del semestre europeo, 47 fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y los restantes, de forma abierta», recoge la misma fuente del Informe del Tribunal de Cuentas. De los 33,6 millones de euros de esos contratos, 32,2 correspondieron a los adjudicados sin publicidad, según «constata» el informe.
La respuesta del Gobierno de España se refiere, como siempre en estos casos, a la «urgencia», pero el Tribunal de Cuentas se adelanta en su informe, y dice: «que en esos casos no ha quedado acreditado que la urgencia invocada fuera consecuencia de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación.
El Tribunal de Cuentas considera que el Ministerio de la Presidencia, en esa etapa dependía de María Teresa Fernández de la Vega, «planificó de forma deficiente las actividades del semestre, lo que provocó el retraso con el que se inició la tramitación de la mayoría de los expedientes».
Los datos acerca del coste que supuso el semestre de la presidencia española de la UE, son de 57 millones de euros (Ministerio de Presidencia, 42,1; Interior, 5,1; y Exteriores, 9,8). Sin embargo, en este importe -según el Tribunal de Cuentas- no se incluyen los «gastos de otros departamentos que organizaron eventos en ese semestre, ni los financiados por las comunidades autónomas, ayuntamientos, otras instituciones y patrocinadores».
«Entre las deficiencias que se destacan en el informe, está la contratación directa de un servicio de chárter privado, por importe de 130.000 euros, para el único desplazamiento del entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que no utilizó un avión del Ministerio de Defensa por no haber ninguno disponible», indica en un párrafo el Tribunal de Cuentas.
Una vez más expresamos nuestro malestar por este tipo de informaciones sesgadas e incompletas. Por ejemplo, si han existido anomalías, los responsables deben responder de ellas. La entonces todopoderosa vicepresidente del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, actualmente ´miembra´ del Consejo de Estado, que acumula unos devengos a costa del erario público más que escandalosos, debe ser investigada de acuerdo con lo que afirma el informe del Tribunal de Cuentas. El mismo proceder debe acometerse con la ministra de Defensa, Carme Chacón, y con el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.