Rey Juan Carlos, Mariano Rajoy GallardónEspaña
Diego Camacho (26/3/2013)
Los dos reportajes del diario ´El Mundo´ sobre “la amistad entrañable” del Jefe del Estado y su relación con el todavía duque consorte son la prueba palmaria de cómo Zarzuela ha logrado convertir otra vez a España en una ópera bufa. Los reinados de Carlos IV, Fernando VII e Isabel II fueron los antecedentes más notables de esta Corte de los milagros.

La princesa se considera asesora estratégica del gobierno español, sin que los ciudadanos nos hayamos enterado, hasta ahora, de su importante condición y de su empleo en cuestiones de alto secreto y confidencialidad y todo ello sin ánimo de lucro, ¿quizás parecido en lo del lucro al Instituto Nóos? También dice que no se cuente con ella para ir en contra de la Familia Real, es decir su hipotética utilización en contra de  los intereses de la “familia” radica en su deseo de no colaborar, no en su desconocimiento de información comprometida para ellos. Es en ese aspecto, como Bárcenas, avisa a navegantes mientras todo el país va cayendo en la cuenta de donde nos han metido la Jefatura del Estado y el gobierno; en un chantaje permanente mientras la Fiscalía permanece impasible para defender la razón de Estado aunque ello suponga la quiebra, una vez más, del Estado de Derecho.

En este patio de monipodio se está llegando a unas cotas de desvergüenza imposibles de aguantar, los sobres de Barcenas, los correos electrónicos de Torres-Iñaki-Corina y las conversaciones Casa Real-Fiscalía-Gobierno para no imputar a la Infanta. A ninguna de esas instituciones parece importarles el reintegro del dinero público afanado al Tesoro y si esas conversaciones tripartitas han tenido lugar, estando el sumario abierto, el acuerdo alcanzado para no imputar a la hija del Rey deja el paso expedito a todo tipo de abusos judiciales en el futuro, es un cheque en blanco para Rajoy, Gallardón y Torres Dulce. Es, en definitiva, la puesta en marcha de la tiranía política y del control del Estado por  aquellos que manejan los resortes principales, sin sujeción a ningún control institucional y donde sólo su ambición impera. Lo preocupante de la situación es la inoperancia de la oposición y la falta de voluntad política para acabar con la corrupción por parte del gobierno, como quedó de manifiesto durante la sesión del Congreso de los Diputados dedicada al estado de la nación.

El desprestigio internacional en el que han situado a España unos sinvergüenzas de alta cuna y baja cama es inadmisible. Sería el momento adecuado para que los militantes de los dos partidos mayoritarios ventilaran el aire viciado existente en sus organizaciones y generaran un cambio generacional, implantando por fin, la democracia interna como premisa para acabar con su corrupción, que permitiera la apertura de un proceso constituyente mientras se gobierna el Estado desde un gobierno de gestión. Este proceso debería fundamentarse en la recuperación de la soberanía nacional para posibilitar la igualdad ante la ley y la libertad política.

El fin de los privilegios debe de ser una meta a corto plazo. A los ciudadanos se nos ha colocado en una situación imposible y si la aceptamos seremos cómplices de nuestra desgracia, puesto que la legitimidad del actual Presidente del Gobierno la empezó a perder desde que inició sus incumplimientos electorales y sus engaños a los ciudadanos, mientras permanece prisionero de su anterior tesorero.

N, de la R.
El autor de este artículo es Coronel de Ejército, diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y escritor.