España
espacioseuropeos.com (16/1/2013)
España está inmersa en plena corrupci
ón. Y lo peor no es eso; lo peor es que los poderes públicos no ponen coto a esta lacra, sobre todo cuando afecta a la clase política y a empresas de primera línea. Es más, cuando salen a la luz casos en los que están involucrados políticos, el resultado es la inacción de la justicia, el sobreseimiento o el indulto.
Ha tenido que ser la OCDE (organismo que agrupa a los países más desarrollados del mundo) la que nos ha sacado los colores. Según este organismo, España no se toma nada en serio la corrupción y los «sobornos en las contrataciones internacionales». Un nuevo informe de la OCDE muestra su «alarma» porque en 13 años, «España apenas ha abierto algunas pesquisas por siete casos que se cerraron sin acusaciones ni consecuencias».
La organización urge al gobierno español a «perseguir con fuerza» la corrupción, los sobornos y a «reforzar la legislación al respecto en el Código Penal». Asimismo, insta a España a presentar antes de fin de este año un informe sobre el desarrollo de la lucha contra el fraude en el comercio internacional y en la implantación de empresas o proyectos fuera de nuestro país.
Un equipo de la OCDE visitó España el pasado mes de julio a fin reanalizar el cumplimiento del convenio anti-soborno firmado por nuestro país, revelando que todos los expedientes que se habían abierto desde hace 13 años, contra empresas o particulares, por presuntos delitos de soborno en el «comercio internacional» habían sido «cerrados sin procedimientos», pese a que «había 16 personas sospechosas».
El informe de la OCDE menciona algunos casos referidos a empresas españolas que operan en Angola, Costa Rica, Letonia, Libia, Marruecos, por venta de material militar o por violación del programa de la ONU con Irak, durante el régimen de Sadam Husein, que intercambiaba hidrocarburos por alimentos.
Las críticas a España por parte de ese grupo de trabajo se centran en que nuestro país no ha investigado sobornos de funcionarios panameños (febrero de 2010) realizado por una empresa española; además de una demanda de extradición de El Salvador de un ciudadano español reclamado por soborno, que el ejecutivo español no puso en conocimiento de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Relacionados con la Corrupción (APCO).
Otros casos, aluden a empresas españolas que supuestamente han pagado importantes sumas de dinero a funcionarios extranjeros para obtener contratos comerciales o concesiones. Por otro lado, en el informe de la OCDE se critica que en el País Vasco y Navarra «todavía no han prohibido de manera explícita las ventajas fiscales de las que se benefician las empresas que sobornan para conseguir contratos en el exterior», reclamando, en consecuencia, que el gobierno español «suprima esa posibilidad«.
También, la OCDE ha pedido a España que «cierre el vacío legal para proteger a los informantes que de buena fe den denuncien delitos de este tipo».
No hay duda que en los países más corruptos la crisis anida mejor.
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