Gallardón recupera un hobby, la Censura - Espacios Europeos, Diario digital

España
Diego Camacho (31/5/2013)
El Consejo de Ministros que preside Rajoy elabora un Código Procesal Penal que habilita a fiscales y jueces para ejercer una censura sobre los asuntos que el Gobierno quiera ocultar a la opinión pública. Es público y notorio, que la acción de la Fiscalía se orienta prioritariamente hacia la defensa de los intereses del poder ejecutivo, por ello los fiscales son de hecho como unos Abogados del Estado bis. Si el mencionado Proyecto de Ley sale adelante en el Congreso de los Diputados, Ruiz Gallardón, además de ser Notario Mayor del Reino, oficiaría también como Censor General del Estado y así podría cercenar toda información que fuera considerada inadecuada por los miembros de la banda.

El ataque a la libertad de expresión e información, también lo es hacia la Constitución, es la constatación del intento de los poderes públicos en acabar con los últimos reductos donde todavía se lucha por la libertad y la soberanía de la nación española. Al ministro de Justicia no le preocupa la reforma del código penal que posibilite la cárcel para los delincuentes de cuello blanco y para que el cúmulo de estafadores y ladrones, que florecen en las instituciones públicas, devuelvan el dinero afanado y sean inhabilitados de por vida. No, a Ruiz Gallardón le preocupa el buen nombre de estos golfos y que la opinión pública no esté al tanto de sus negocios; pues estar aplicando sistemáticamente el indulto a los que son pillados termina cansando, incluso a una persona tan complaciente con los poderosos como él.

Los casos abiertos por corrupción son tan numerosos y generalizados, desde la Casa Real a los partidos políticos, pasando por los sindicatos subvencionados, que existe un acuerdo tácito en salvarse todos pese a quien pese. El conocimiento por la opinión pública de esos casos hace que sea mucho más difícil disimularlos y sobre todo, aunque el encausado se queda con el dinero, no puede evitar el descrédito de sus acciones delictivas. El paradigma de este problema para el Poder lo constituye el caso de la Infanta Cristina y la necesidad prioritaria de evitar su procesamiento, su castigo y la preservación de la fortuna amasada gracias a la complicidad de cortesanos complacientes, entre los que está Ruiz Gallardón, a costa del erario público.

Este gobierno se atreve a todo menos a utilizar su mayoría absoluta para gobernar de acuerdo con sus promesas. Con la legitimidad perdida hace muchos meses ha comprobado que nada le ha ocurrido. En un país democrático cuando un partido alcanza el Poder, lo hace en virtud de un programa que es votado por el electorado. Cuando el incumplimiento es notorio la legitimidad en el desempeño del Poder queda rota, pues su disfrute se ha debido a un engaño a todos los ciudadanos. En ese momento desalojar del Poder a quien lo ocupa ilegítimamente es una necesidad si se quiere recuperar la soberanía nacional, y no puede tildarse de ilegal a quien trata de acabar con lo ilegítimo. Colaborar a que ese poder ilegítimo se perpetúe es favorecer la tiranía y esta para serlo no es preciso que vista uniforme o adopte maneras autoritarias, sino cuando su acción de gobierno viola la Carta Magna y se permite prohibir aquello que tiene prohibido impedir.