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espacioseuropeos (30/9/2015)
Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata critican la designación del Juez Abril Campoy para la investigación del President Artur Mas.
El nombramiento del juez Joan Manuel Abril Campoy para investigar al presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas es cuanto menos “poco elegante”, según Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata. Este juez, nombrado por el Ministro de Justicia Rafael Catalá, es, a su vez, Presidente desde el 10 de
diciembre de 2014 del TRIBUNAL SUPREMO DE ANDORRA, país extranjero con sensibles conflictos económicos con la cuestión CONVERGENCIA-PUJOL y otras investigaciones.
El nombramiento de este magistrado como Presidente del Tribunal Supremo de Andorra se lleva a cabo por la iniciativa personal de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. Su designación provocó una seria controversia por su vinculación a dicho partido, quien finaliza la gestión con un convenio con Andorra del CGPJ, firmado el 22 de Junio de 2015, que les da substanciosas ventajas económicas y fiscales a los Magistrados españoles.
Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata también quieren evidenciar que el mismo Carlos Lesmes forzó la salida del CGPJ de la Consejera Mercé Pigem. Ésta había apostado por la transparencia absoluta del Poder Judicial y sus miembros, y se había enfrentado a muchos vicios adquiridos; como, por ejemplo, la regalía de cobrar por parte de altos magistrados por formar a opositores (cantar) en dinero “B”, con el conocimiento del Ministerio y la vista gorda de Hacienda.
Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata abogan por la transparencia y la honestidad del Poder Judicial, cuyo sueldo proviene en parte de una sociedad catalana que no entiende las situaciones antes relatadas. Ambas formaciones abogan por pedir a este Poder que la equidad y la Justicia estén por delante del Derecho.
Asimismo, se reafirman en la posición de condenar la decisión de investigar a un presidente en funciones de la Generalitat por poner unas urnas en la calle. La decisión de poner a disposición de la ciudadanía un medio para su expresión no puede ser motivo de investigación, habiendo actividades y regalías mucho más frecuentes y más merecedoras de investigación dentro del estamento judicial.