El Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos es un expolio del Sáhara Occidental.

Sáhara Occidental
Espacios Europeos
(18/3/2020)
Nuevas revelaciones estrepitosas acaban de ser aireadas por la Ong (WSRW), sobre el engaño jurídico que permitió la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, incluyendo ilegalmente las aguas del Sáhara Occidental.

En efecto, WSRW se procuró una copia de la opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la UE que da cuenta del grado inédito de la alteración y de falsificación de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia Europeo en lo que respecta al estatuto distinto y separado del Sáhara Occidental.

Explicaciones:
El documento filtrado por la ong WSRW concierne a una opinión “confidencial” del Servicio Jurídico del Consejo de Europa, presentado el 7 de noviembre de 2018, en respuesta a una demanda de algunos Estados miembros de la UE que habían solicitado una confirmación de la compatibilidad con la jurisprudencia de la UE de lo que no era aún más que un “proyecto” de acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.

Cuando emitieron esta opinión sesgada, el Servicio Jurídico del Consejo había rechazado comunicar una copia de la misma a la Ong WSRW, aduciendo en una carta hecha pública, con fecha de 22 de noviembre de 2018, que la “protección de las relaciones internacionales de la Unión Europea” (entiéndase la salvaguardia de los intereses franceses y españoles en Marruecos) tiene más importancia que “el principio de transparencia” al que está obligada de acuerdo con el artículo 15 del tratado sobre el funcionamiento de la UE.

Esta opinión jurídica reviste una importancia política, pues sobre la base de falsas conclusiones, los Estados miembros, algunos de los cuales eran reticentes al principio (Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia… etc.) han optado finalmente por adoptar, el 28 de noviembre de 2018, el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, incluyendo ilegalmente el espacio marítimo del Sáhara Occidental. En efecto, estos países habían explícitamente declarado que si el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea confirma la conformidad del acuerdo propuesto con la jurisprudencia de la Unión Europea, ellos lo aprobarían.

Sobre la base de una lectura jurídica sesgada y políticamente motivada, la opinión jurídica del Servicio Jurídico del Consejo confirmó, de manera totalmente falsa, a los Estados miembros de la UE que el proyecto de acuerdo en cuestión está en conformidad con la jurisprudencia comunitaria, en referencia al dictamen del Tribunal de Justicia Europeo del 27 de febrero de 2018 que reconoció el “estatuto separado y distinto” del Sáhara Occidental y exige el consentimiento previo del pueblo saharaui como condición imperativa a la inclusión de esos territorios en los acuerdos internacionales de la UE-Marruecos, independientemente del carácter benéfico o no de dichos acuerdos.

Para llegar a esta prevaricación jurídica, el Servicio Jurídico del Consejo, dirigido por españoles, cuyo país es el mayor beneficiario de dicho acuerdo de pesca, han recurrido al pretexto de que la Comisión Europea y el Servicio Jurídico europeo para la acción exterior satisfaga a las exigencias puestas por el Tribunal de Justicia Europeo, tomando “todas las medidas razonables y factibles” para obtener “el consentimiento” del pueblo saharaui al proyecto de acuerdo.

Está prevaricación jurídica es el resultado de una deformación premeditada de las condiciones establecidas por el dictamen del 27 de febrero de 2018.

Así es como la condición básica de “el consentimiento” del “pueblo saharaui” ha sido reemplazada por la noción, inexistente en derecho de “consultación” de las “poblaciones” del Sáhara Occidental sobre los “beneficios” del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, término este igualmente desprovisto de toda pertinencia jurídica. Se trata aquí de una grosera manipulación que la Comisión y el SEAE llevaron a cabo con las autoridades de ocupación marroquíes, después de la firma del acuerdo el 24 de julio de 2018.

Consejo de Europa

Peor aún, está violación de las exigencias del Tribunal de Justicia Europeo fue acompañada de falsas alegaciones estampadas en el texto de la opinión jurídica que incluye una lista ficticia de participantes en esta pseudo “consultación” (incluida a la WSRW que ha desmentido dichos hechos), así como también la pretendida “invitación” dirigida tácticamente al Frente Polisario para que participe en una mascarada de procedimiento con el objetivo de hacerse con las riquezas del pueblo saharaui. Un tercer paso en esta felonía jurídica ha sido alegremente franqueado por los consejeros jurídicos del Consejo, pues éstos han tenido la insolencia de basar su galimatías sobre la ausencia de “modo de empleo” en el dictamen del 27 de febrero de 2018 en materia de obtención de consentimiento del representante del pueblo del Sáhara Occidental.

Apostando por un incumplimiento metódico y desvergonzado de la justicia europea, esta opinión jurídica denota, en realidad, los trapicheos indignos que han rodeado la adopción de un acuerdo mezquino al precio de la violación manifiesta del derecho internacional y del derecho europeo.

El cabildeo inmoral llevado a cabo por los representantes de Francia y de España, las complicidades de unos y la complacencia de otros a nivel del Consejo (por intereses económicos puramente mercantiles) dejan mal las proclamaciones solemnes de la Unión Europea que se dice (dicen sus representantes) el defensor y protector de un orden internacional multilateral basado en las reglas y sobre el respeto del derecho internacional. Pura fanfarronada.

Sin embargo, y evidentemente, no podrá exonerar a las instituciones europeas de su enorme responsabilidad en la conclusión de acuerdos que dañan y saquean los intereses legítimos de un pueblo que vive la ocupación en un territorio no autónomo.

Sin duda alguna los procedimientos seguidos por el Frente Polisario ante las instancias europeas acabarán por dar sus resultados en algunos meses, a la anulación de los acuerdos ilegales e ilegítimos (agrícola y de pesca) pues estas jurisdicciones no pueden descalificarse y examinarán los recursos en anulación, en coherencia con la lógica del dictamen del Tribunal de Justicia Europeo del 27 de febrero de 2018, dictamen que reconoció el “estatuto separado y distinto” del Sáhara Occidental, y define a Marruecos como un tercer Estado, y exige el “consentimiento” (y no la consultación) del representante legítimo del pueblo saharaui, esto es, su representante único, el Frente Polisario. Mientras tanto, Europa habrá perdido mucho de su alma y su credibilidad.

N. de la R.
Publicado en TSA. 15/03/2020
Traducido por Lih Beiruk


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