La ex senadora de Podemos Celia Casanova

España
Luca Costantini (28/10/2020)
El juez se decanta por rechazar la petición de Celia Cánovas de personarse en una investigación sobre los contratos del partido morado. La exsenadora se considera perjudicada tras donar 25.000 euros al partido.

La Fiscalía del caso Neurona quiere alejar de la investigación a la exsenadora del partido morado Celia Cánovas. La exsenadora pidió personarse como perjudicada en una causa sobre presunta malversación y administración desleal contra el partido de Pablo Iglesias. Después de dos escritos en los que el Ministerio Público pidió reducir la investigación, esta vez los fiscales quieren que la exsenadora quede apartada de la causa. Cánovas alega que entregó al partido más de 25.000 euros sin saber el paradero del dinero y sospecha que las donaciones sirvieron para enriquecer a la cúpula.

Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de Podemos, el tribunal dirigido por el juez  Juan José Escalonilla ha notificado a la exsenadora que rechaza considerarla como perjudicada y que, por lo tanto, no se la puede considerar personada en el proceso. El dictamen del juez sigue la estela de la Fiscalía. Cánovas quería personarse en la causa para influir en el desarrollo de la investigación y tener acceso a información privilegiada.

La opinión de la Fiscalía, además, coincide con la defensa de Podemos. Los letrados del partido morado, de hecho, pidieron ignorar la petición de Cánovas.

No es la primera vez que la Fiscalía se alinea con las peticiones de la defensa de Podemos en el caso Neurona. El pasado verano, el Tribunal de Cuentas oficializó sus dudas sobre la legalidad de los contratos a la consultora mexicana Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero,como parte de una posible trama de financiación ilegal de Podemos. Habló literalmente de “comisión de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral”. Acto seguido, el juez abrió una investigación por presunta malversación y administración desleal.

El papel de Delgado
A lo largo de los últimos tres meses, sin embargo, la Fiscalía, que depende del despacho de la exministra socialista y hoy fiscal general del Estado Dolores Delgado, redactó dos escritos a favor del partido morado. El 8 de septiembre los fiscales rechazaron abrir una investigación general sobre la financiación de Podemos. En el partido morado, algunas fuentes consideran que el papel de Delgado puede ser clave para el archivo de la investigación judicial que más preocupa a los dirigentes del partido y hoy miembros del Gobierno.

La Fiscalía calificó entonces de “rumores” las acusaciones del exabogado de Podemos José Manuel Calvente sobre los contratos con Neurona y otra consultora (ABD Europa). También pidió archivar la investigación sobre la reforma de la sede y la cuenta corriente alternativa del partido Caja de Resistencia, también llamada caja b.

Dolores Delgado, Ministra de Justicia.

En el documento, la Fiscalía habló de “inexistencia de indicios racionales” de irregularidades o de «contratos simulados» por parte de Podemos. La Fiscalía también dio carpetazo a dos de las tres patas de la investigación abierta por Escalonilla. También defendió a los dirigentes implicados por el exabogado, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo. Éste último, que trabaja en el gabinete de Iglesias, deberá ir a declarar ante el juez como imputado en el próximo mes de noviembre.

El partido morado respaldó esta decisión para insistir en su tesis de que estas causas forman parte de una estrategia para difamar al partido. «Otra acusación falsa contra Podemos archivada. Ya he perdido la cuenta de cuántas van. Sirvió, por supuesto, para llenar horas y horas de mentiras y calumnias en las tertulias. Tendremos suerte si la rectificación ocupa cinco segundos. Difama, que algo queda«, escribió Pablo Echenique.

Un mes después, la Fiscalía insistió en su línea. El Ministerio Público envió otro escrito al juez en el que reiteraba que “no hay indicios” de financiación irregular de Podemos. Propuso que Podemos se mantenga como imputado, aunque únicamente para “garantizar” su derecho a tener acceso a la información del caso y no por la existencia de indicios contra él.

Fuente:Vozpopuli.


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