La doctrina Botín salva a Juan Carlos I de nuevas denuncias paralelas a la Fiscalía

Fotografía de archivo del rey emérito. (Reuters)

España
Beatriz Parera (16/12/2020)
Un archivo por parte del Ministerio Público blinda al Rey de nuevas acciones de terceros, según la sentencia sobre el banquero que dictó el Supremo.

El futuro penal de Juan Carlos I está en manos d e la Fiscalía General del Estado. Y  de nadie más. El Rey emérito cuenta con un salvavidas inesperado proporcionado por la doctrina Botín que impediría, en el caso de que el Ministerio Público archive las diligencias que tiene entre manos sobre su patrimonio, que se investigaran denuncias o querellas paralelas.  Como ya sucedió con la hija del emérito, la infanta Cristina, en el  caso Nóos, la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo podrá ser empleada por su defensa como parapeto si se acusara al monarca ante el alto tribunal contra el criterio de los fiscales.

La Infanta no tuvo suerte con el tribunal de aquel caso, que ha llevado a prisión a su marido Iñaki Urdangarin, pero, en el caso de Juan Carlos I, el encargado de revisar nuevas denuncias sería el propio  Supremo, por su aforamiento. La famosa doctrina parte de una sentencia del alto tribunal en la que se desestimó un recurso de casación interpuesto por la acusación popular contra un auto de sobreseimiento libre de la Audiencia Nacionalen el procedimiento seguido contra Emilio Botín por supuestos delitos de falsedad y contra la Hacienda pública.

En resumen, establece límites a las acusaciones populares e impone que si el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitasen el sobreseimiento de las diligencias de que se mantienen abiertas, otra parte ajena no podría impulsarlas. Aunque no se espera de forma inminente, hay dos factores que apuntan a que los fiscales tienen intención de proponer un archivo de las dos principales investigaciones que tienen abiertas en la actualidad sobre las actividades del emérito.

La primera de ellas, vinculada con el AVE a La Meca, se acerca a un próximo archivo al considerar el equipo fiscal que los hechos, pese a ser evidentemente irregulares, quedan amparados por la inviolabilidad del monarca, como avanzó El Confidencial. El archivo de la segunda de las diligencias —la que estudia si el emérito pudo cometer delitos fiscales y de blanqueo por  percibir abonos del millonario mexicano— está bajo estudio después de que el emérito pagara a Hacienda casi 700.000 euros por cantidades que se prolongaron durante años y que, según asegura, fueron una donación.

Hay un tercer frente que, por el momento, se encuentra inactivo. Los indicios reflejados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre recientes movimientos en una cuenta en la isla de Jersey que se vincula con Juan Carlos I y que guarda 10 millones de euros no han generado, por ahora, nuevas diligencias.

Otras Querellas
Ninguna de las tres investigaciones ha desembocado, por el momento, en denuncia, pese a que en el caso del AVE a La Meca, las actuaciones del equipo de fiscales encargado del caso se prolongan ya desde hace seis meses, habiendo sido investigado antes durante años por la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la recepción de una  donación de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí  y su traslado después a una cuenta de Suiza no solo ha levantado el interés de la Fiscalía.

La entidad independentista Òmnium Culturalpresentó el pasado julio, después de que se hiciera público el supuesto cobro de comisiones por parte del Rey emérito por las obras del AVE a La Meca, una querella por presuntos delitos de fraude a la Hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción, y defendía que durante su reinado, Juan Carlos I había venido “realizando personalmente, de manera continuada y en ejecución de un plan para aumentar ilícitamente su patrimonio personal, negocios privados altamente lucrativos aprovechando la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado“. La Sala Segunda debe aún pronunciarse al respecto.

No fueron los únicos. Antes de que lo hiciera la asociación soberanista, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas acusaron en diciembre ante el TS al emérito y otras personas de nada menos que 13 delitos. El Supremo, tras imponer una fianza de 12.000 euros a los querellantes para poder personarse como acusación popular, acordó inadmitir esta querella al entender que los hechos ya fueron investigados en la Audiencia Nacional y que se archivaron por falta de indicios de criminalidad. Aunque ambas se centraban en la tram Audiencia Nacional del ‘regalo’ de Arabia Saudí, la aparición de nuevos hechos presuntamente delictivos puede generar otras denuncias.

Fuente: El Confidencial.





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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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